La tranquilidad del Istmo de Tehuantepec respira un poco más tranquila. El eco del acero retorciéndose bajo el peso de la maquinaria resonó en la 46/a Zona Militar de Ciudad Ixtepec, no como un sonido de violencia, sino como una sinfonía de seguridad. 275 armas de fuego, instrumentos de temor y zozobra, fueron reducidas a chatarra inerte, un acto contundente que subraya el compromiso inquebrantable de las autoridades con la paz y el bienestar de la ciudadanía. Imaginen 115 armas largas, capaces de sembrar el pánico a distancia, y un arsenal de armas cortas, listas para desatar la tragedia en un instante, ahora convertidas en metal inservible. Cada cargador, cada cartucho, representaba un peligro latente, una amenaza neutralizada gracias al esfuerzo conjunto de mujeres y hombres valientes que integran el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Este no es un simple acto protocolario, sino un mensaje claro y directo a quienes pretenden perturbar la armonía de nuestras comunidades. Es el resultado palpable de operativos meticulosamente planificados y ejecutados, una muestra de la coordinación eficaz entre las autoridades federales, estatales y municipales. Desde las calles de nuestras ciudades hasta los caminos rurales, la vigilancia constante y la determinación inquebrantable de quienes nos protegen, han permitido arrebatar estas armas de las manos equivocadas y devolver la tranquilidad a las familias istmeñas.

El proceso de destrucción, llevado a cabo con rigor y transparencia, es una garantía de que estas armas jamás volverán a ser utilizadas para infligir daño. Cada pieza fue exhibida, inspeccionada minuciosamente y finalmente sometida al poder implacable de las máquinas cortadoras de acero, un proceso sistemático que simboliza la ruptura definitiva con el ciclo de la violencia. La presencia de los presidentes municipales de la región, testigos de este acto trascendental, refuerza el compromiso de las autoridades locales con la seguridad y el bienestar de sus comunidades.

La portación ilegal de armas de fuego es una herida abierta en el tejido social, un factor determinante en el incremento de la delincuencia. En México, la lucha contra este flagelo es una prioridad, una tarea que exige la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. La destrucción de estas armas no es un fin en sí mismo, sino un paso firme en el camino hacia un futuro más seguro, un futuro donde la paz y la tranquilidad sean la norma, no la excepción.

El artículo 40 del Código Penal Federal y el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, son el marco legal que sustenta esta acción, un respaldo jurídico que permite no solo el decomiso, sino también la destrucción o el uso adecuado de estas armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Este procedimiento, además de contribuir a la reducción de delitos, disminuye el riesgo de accidentes en el interior de los hogares, protegiendo a las familias y especialmente a los niños, de las consecuencias trágicas que puede acarrear la presencia de un arma de fuego. La seguridad es un derecho fundamental, y la destrucción de estas armas es una victoria en la lucha por garantizar ese derecho a todos los mexicanos.