La economía global se asemeja a un gran imán, atrayendo capitales hacia los polos que ofrecen mayor seguridad y estabilidad. México, tras abandonar el modelo nacionalista de las décadas pasadas, se lanzó a esta competencia global por la inversión. Contamos con importantes ventajas: una ubicación geográfica privilegiada, nuestra participación en el T-MEC y una extensa red de tratados comerciales que nos abren las puertas a múltiples mercados, recursos naturales abundantes, una población joven y un mercado interno considerable. Sin embargo, estas ventajas, por sí solas, no garantizan el flujo de capitales. El verdadero motor de la inversión es la confianza, un intangible construido sobre la base de reglas claras, respeto irrestricto al Estado de derecho y la garantía de una certeza jurídica inquebrantable.

Durante décadas, México se esforzó en construir instituciones sólidas que minimizaran la discrecionalidad política y fortalecieran el marco legal. La autonomía del Banco de México, la creación de organismos reguladores autónomos y especializados, y los avances en la independencia judicial, enviaron señales positivas a los inversionistas internacionales. Se consolidó la idea de que los conflictos entre el Estado y las empresas se resolverían con apego a la ley y no a los vaivenes del poder político. Este andamiaje jurídico proporcionaba seguridad a las inversiones, pues se confiaba en la imparcialidad y profesionalismo del poder judicial.

Sin embargo, la actual administración, pareciera no haber comprendido la importancia crucial de la confianza para atraer y retener las inversiones que impulsan el empleo y el desarrollo. Se ha optado por desplazar la técnica y el conocimiento especializado por la arbitrariedad política, la institucionalidad por la centralización de decisiones y la meritocracia judicial por un espectáculo político. Los resultados son palpables.

El reciente descenso de México en el FDI Confidence Index de Kearney es un síntoma preocupante. Caer al último lugar de la lista, por debajo de otras economías emergentes como Brasil, Tailandia o Malasia, refleja una pérdida de confianza en el entorno de negocios de nuestro país. Firmas especializadas en análisis de riesgo, como Marsh y Control Risks, proyectan un aumento del riesgo político y empresarial para el futuro próximo, consecuencia directa de los cambios en el sistema judicial. El Baker Institute, por su parte, advierte que la reforma judicial erosiona la confianza y desalienta la inversión al poner en entredicho la imparcialidad de los tribunales.

Con la reforma judicial, México se apartó del camino que con tanto esfuerzo había construido durante décadas. Ahora, la nueva administración enfrenta el enorme reto de recuperar la confianza perdida y restablecer la certeza jurídica que demandan los mercados internacionales. Si bien se han dado algunos pasos en la dirección correcta, aún queda mucho por hacer. La elección judicial que se avecina es un paso crucial en este proceso, pero nadie puede predecir con certeza cuánto tiempo tomará reconstruir la confianza en la justicia mexicana. Restaurar la credibilidad y garantizar la independencia judicial son tareas urgentes para volver a atraer las inversiones que México necesita para su desarrollo. El tiempo dirá si se logran revertir las tendencias actuales y si México recupera su lugar como un destino atractivo para la inversión extranjera. El futuro económico del país depende, en gran medida, de la capacidad para restablecer la confianza y la certeza jurídica.