La aparente impunidad con la que el presunto convoy del CJNG desfiló por las calles de Huajúmbaro, Michoacán, ha generado una ola de indignación y preocupación en todo el país. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran un escenario surrealista: camionetas rojas, hombres uniformados y encapuchados, armas de fuego exhibidas sin pudor, y una comunidad que, lejos de mostrar temor, parece celebrar el espectáculo. Este contraste, entre la gravedad de la situación y la aparente normalización de la violencia, nos obliga a reflexionar sobre la compleja realidad que se vive en algunas regiones del país.

La respuesta de las autoridades, tanto a nivel estatal como municipal, ha sido, al menos en apariencia, contundente. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha expresado su firme rechazo a estos actos y ha asegurado que se están llevando a cabo investigaciones para identificar y sancionar a los responsables. El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por su parte, se ha sumado a la condena y ha ofrecido su colaboración en las pesquisas. Sin embargo, la pregunta que resuena en la mente de muchos es ¿cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cómo un grupo armado pudo desfilar impunemente por las calles de un municipio, en plena luz del día, sin que las autoridades intervinieran?

La versión del gobierno municipal, que se deslinda de cualquier responsabilidad y asegura no haber autorizado ningún desfile ni baile, deja más preguntas que respuestas. Si no hubo autorización, ¿por qué no se implementó ningún operativo para impedir el evento? ¿Por qué no se desplegó la fuerza pública para detener a los presuntos delincuentes? La ausencia de autoridades en el lugar de los hechos, confirmada por asistentes al evento, es un elemento que alimenta la sospecha de omisiones, complicidades o, en el peor de los escenarios, incapacidad para enfrentar al crimen organizado.

Más allá de las investigaciones y las declaraciones oficiales, este incidente nos obliga a mirar de frente la profunda crisis de seguridad que aqueja a nuestro país. La normalización de la violencia, la aparente impunidad con la que operan algunos grupos criminales y la fragilidad de las instituciones en ciertas regiones son síntomas de un mal que requiere atención urgente. La celebración del Sábado de Gloria, una festividad religiosa que tradicionalmente simboliza la esperanza y la renovación, se vio empañada por la sombra del crimen organizado, dejando un sabor amargo y una profunda preocupación por el futuro.

Es fundamental que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables, pero también es necesario ir más allá de las medidas punitivas. Se requiere una estrategia integral que aborde las causas de la violencia, que fortalezca las instituciones y que promueva la participación ciudadana en la construcción de la paz. Solo así podremos aspirar a un México donde las festividades religiosas se celebren con alegría y no con el temor y la incertidumbre que generan las demostraciones de fuerza del crimen organizado. El caso de Huajúmbaro debe ser un llamado de atención, una oportunidad para reflexionar y actuar con determinación para construir un futuro más seguro y justo para todos.