La sombra de la corrupción y la colusión se extiende sobre Morelos, oscureciendo el panorama y sembrando la duda sobre la integridad de sus instituciones. El caso de Christian Contreras Luna, ex encargado de la Secretaría de Seguridad en Temixco, detona una serie de interrogantes que exigen respuestas inmediatas y contundentes. Sus acusaciones, dirigidas al presidente municipal Israel Piña Labra y a otros funcionarios, dibujan un escenario alarmante donde el pacto con el crimen organizado se convierte en moneda de cambio para acceder al poder y mantenerse en él. ¿Es posible que la seguridad de un municipio tan vulnerable como Temixco haya estado en manos de alguien que no cumplía con los controles de confianza? La respuesta, o la falta de ella, por parte de las autoridades municipales, deja un vacío inquietante que alimenta la sospecha y la desconfianza. El silencio institucional, esa estrategia tan recurrente en la política mexicana, se convierte en cómplice de la impunidad, permitiendo que las denuncias se diluyan en el aire y que los responsables evadan la justicia.

La historia de Temixco está marcada por la tragedia. El asesinato de la alcaldesa Gisela Mota en 2016 es una herida abierta que recuerda la fragilidad del sistema y la facilidad con la que el crimen organizado penetra las estructuras de poder. El caso de Contreras Luna no es un hecho aislado, sino un síntoma de una enfermedad que corroe el estado de Morelos desde hace años. La omisión, la falta de voluntad política y la fragmentación institucional han creado un caldo de cultivo perfecto para la corrupción y la violencia.

Ante este panorama desolador, la nueva administración de Margarita González Saravia tiene la responsabilidad de actuar con firmeza y transparencia. No se trata simplemente de un conflicto entre funcionarios, estamos hablando de delitos federales, de una posible red criminal operando desde el corazón del Ayuntamiento. Es imperativo que la Fiscalía General de la República intervenga de inmediato, que se realicen investigaciones exhaustivas y que se deslinden responsabilidades. No basta con observar desde la distancia, se necesita acción, compromiso y una voluntad inquebrantable de limpiar la casa.

El futuro de Morelos, y en particular de Temixco, depende de la capacidad del gobierno para enfrentar este desafío. No podemos permitir que la impunidad se consolide, que el miedo paralice a la sociedad y que la violencia se convierta en la norma. Es tiempo de exigir respuestas, de alzar la voz y de construir un futuro donde la justicia y la seguridad sean pilares fundamentales.

Y mientras en Morelos la lucha contra la corrupción se torna cada vez más compleja, en Michoacán la ausencia del Estado se manifiesta de forma brutal. El caso de Nuevo Zirosto, en Uruapan, donde dos comuneros fueron agredidos por policías comunales, evidencia la falta de control y la incapacidad del gobierno estatal para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La creación de grupos de autodefensa, como los Kuárichas, es un síntoma de la desesperación de las comunidades abandonadas a su suerte. La violencia se propaga, la autoridad se ausenta y la población se ve obligada a tomar las riendas de su propia seguridad, incluso frente a sus propios guardianes. ¿Dónde está Alfredo Ramírez Bedolla? ¿Qué medidas está tomando para restablecer el orden y la paz en Michoacán? La falta de coordinación con las comunidades y la inacción del gobierno estatal son inaceptables. Es urgente que se implementen estrategias integrales que aborden las causas de la violencia y que brinden a la población la protección que merece. El silencio y la indiferencia son cómplices de la tragedia que se vive en Michoacán.