El Plan Nacional de Desarrollo (PND) recientemente publicado ha generado un intenso debate en torno a la seguridad nacional. Más allá de los objetivos permanentes del Estado, este documento se centra en los desafíos coyunturales que México enfrenta en la actualidad, planteando una visión específica sobre las amenazas, las estrategias y la programación necesarias para salvaguardar la soberanía y la estabilidad del país. Es un documento crucial que merece un análisis profundo, pues sienta las bases de la política de seguridad para los próximos años.

Uno de los puntos más relevantes del PND es la clara identificación de las amenazas prioritarias. El documento no se limita a enunciarlas, sino que las contextualiza dentro de un panorama complejo, reconociendo la influencia tanto de factores internos como externos. La mención del crimen organizado transnacional, en particular el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, es crucial. Estos delitos no solo socavan las instituciones y la economía del país, sino que también representan un desafío a la seguridad global. La inclusión de los ciberataques y las amenazas digitales como focos de atención refleja la creciente importancia de la ciberseguridad en el mundo interconectado de hoy. Finalmente, el tema de los flujos migratorios, un asunto delicado y complejo, se aborda con la seriedad que merece, reconociendo su impacto en la seguridad nacional.

Las siete estrategias propuestas para proteger la seguridad nacional, la defensa y la soberanía, constituyen el núcleo del PND. El fortalecimiento de las capacidades de las cuatro fuerzas armadas permanentes (Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional) es fundamental. Esto implica no solo una inversión en recursos materiales, sino también en la formación, el adiestramiento y la inteligencia de los cuerpos de seguridad. La estrategia de inteligencia y operaciones busca anticipar, disuadir y neutralizar las amenazas, lo que requiere una coordinación eficiente y una capacidad de respuesta rápida y eficaz. El fortalecimiento de la autoridad marítima nacional, a cargo de la Secretaría de Marina, es esencial para la protección de las zonas marinas, costas, puertos e instalaciones portuarias. Asimismo, se refuerza la vigilancia en fronteras, aduanas y zonas estratégicas, un aspecto crucial para prevenir el ingreso de elementos delictivos al territorio nacional.

La inclusión del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo como una estrategia específica es un acierto. Este punto abre un importante debate sobre el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la posibilidad de compartir responsabilidades con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional. La cooperación internacional se destaca como una estrategia fundamental, superando la reticencia de gobiernos anteriores a colaborar abiertamente con instancias de otros países en materia de seguridad. Finalmente, el énfasis en el desarrollo científico-tecnológico, especialmente en el sector marítimo, reconoce la importancia de la innovación para fortalecer la seguridad nacional.

La programación del PND contempla la creación del Programa para la Seguridad Nacional, un instrumento que permitirá articular las diferentes estrategias y acciones en un marco coherente. La expectativa ahora se centra en los planes sectoriales que las secretarías que conforman el Consejo de Seguridad Nacional están elaborando. Es fundamental que estos planes se alineen con las estrategias definidas en el PND y que se establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar su correcta implementación. El futuro de la seguridad nacional depende de la eficacia con la que se traduzcan las estrategias en acciones concretas. El PND es un primer paso importante, pero el verdadero desafío radica en la capacidad del Estado para implementarlo con eficiencia y transparencia.