La creciente preocupación por el impacto ambiental de los desarrollos inmobiliarios ha movilizado a los vecinos de diversas colonias del poniente de Monterrey. Desde Vista Hermosa hasta Cumbres, pasando por Chepevera, San Jemo, San Jerónimo, Obispado y Loma Larga, la ciudadanía se une para alzar la voz y exigir al municipio que no se relajen las normativas ambientales. La exigencia central: mantener la obligatoriedad del resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) como requisito indispensable para la expedición de permisos de construcción. El temor latente es que, de eliminarse este requisito, se abra la puerta a proyectos que perjudiquen irreversiblemente el entorno natural.

La diputada federal Iraís Reyes se ha sumado a esta causa ciudadana, presentando ante el Palacio Municipal de Monterrey un documento con 894 firmas que respaldan la petición. En sus declaraciones, Reyes ha enfatizado la gravedad de la crisis ambiental que atraviesa la ciudad, instando a las autoridades a asumir una mayor responsabilidad en la protección del medio ambiente, en lugar de disminuir las exigencias. La legisladora cuestiona el interés detrás de la propuesta de modificación a los reglamentos, sugiriendo que podría beneficiar a la industria inmobiliaria en detrimento del bienestar ciudadano y la preservación del entorno.

Las voces ciudadanas se alzan con fuerza. Sara Torres, vecina del Cerro de las Águilas, expresa la impotencia que sentirían los ciudadanos ante construcciones autorizadas sin un análisis previo de su impacto ambiental. Verónica Plaza, presidenta de la junta de vecinos de San Jemo, advierte sobre los riesgos para la salud de los habitantes, tanto a corto como a largo plazo, si no se garantiza la protección del medio ambiente. La demanda es clara: un compromiso legítimo con la sostenibilidad y la salud de la comunidad.

Más allá del poniente de Monterrey, la preocupación se extiende a otras colonias como Contry, La Rioja, Estanzuela y Mitras. Problemas con el drenaje pluvial, afectaciones a la fauna del Cerro del Águila y la creciente expansión de proyectos de construcción son algunas de las consecuencias que denuncian los vecinos. La diputada Reyes ha solicitado la cancelación de todas las obras que carezcan de los permisos necesarios y que representen un riesgo para el medio ambiente y la seguridad de los habitantes.

Ante la presión ciudadana, el secretario del ayuntamiento, César Garza, ha prometido abordar la problemática en la próxima junta de cabildo. Se espera la creación de mesas de trabajo y reuniones con los vecinos para escuchar sus inquietudes y buscar soluciones conjuntas. Sin embargo, la comunidad permanece vigilante, exigiendo que sus demandas sean escuchadas y que se priorice la protección del medio ambiente por encima de cualquier interés particular. El futuro de Monterrey, su sostenibilidad y la calidad de vida de sus habitantes dependen de las decisiones que se tomen en los próximos días. La lucha por un desarrollo urbano responsable apenas comienza.