La inminente transformación del panorama regulatorio mexicano en materia de telecomunicaciones y competencia económica se encuentra a las puertas del Congreso. La Presidenta Claudia Sheinbaum, con la firme intención de optimizar y agilizar los procesos, ha anunciado el envío de dos iniciativas cruciales: una para la sustitución de la actual ley de telecomunicaciones y otra para la creación de la Agencia Nacional de Competencia y Bienestar Económico. Esta nueva entidad, con una visión integral del mercado, absorberá las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), marcando un hito en la historia de la regulación en México.

La noticia ha generado una oleada de expectativas y debates entre expertos, analistas y la ciudadanía en general. Mientras algunos celebran la promesa de una mayor eficiencia y una reducción en el gasto público, otros expresan inquietudes respecto a la concentración de poder y la posible afectación a la autonomía de los organismos reguladores. La clave, sin duda, reside en los detalles de las iniciativas y en el proceso de discusión y aprobación que se llevará a cabo en el Congreso.

La situación actual, con el IFT y la Cofece operando en una suerte de limbo legal, añade un componente de urgencia al proceso. Si bien se reconoce que sus funciones oficialmente han concluido, la Presidenta Sheinbaum ha aclarado que continúan “en funciones” hasta la constitución formal de la nueva Agencia. Esta precisión llega tras la publicación de un informe de la Cofece, con fecha del 18 de abril, en el que se detalla la atención de 120 asuntos, lo que evidencia la persistente actividad de estos organismos a pesar de la incertidumbre jurídica.

La fecha límite autoimpuesta por la Presidenta para el envío de las iniciativas, este martes 22 de abril, demuestra la prioridad que el gobierno otorga a esta reforma. La intención es que las Cámaras de Diputados y Senadores aprueben las iniciativas durante el presente periodo legislativo, que concluye en abril, para agilizar la disolución de la Cofece y la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Competencia y Bienestar Económico. Este cronograma ambicioso refleja la voluntad política de impulsar un cambio significativo en el marco regulatorio.

Un elemento particularmente relevante es la propuesta de que algunos de los consejeros de la nueva Agencia sean electos por el Senado. Este mecanismo busca garantizar la representatividad y la legitimidad del organismo, al tiempo que introduce un elemento de control político que deberá ser analizado cuidadosamente para evitar posibles interferencias en su funcionamiento.

Más allá de las telecomunicaciones y la competencia económica, la Presidenta Sheinbaum también ha adelantado su intención de solicitar un periodo extraordinario de sesiones en el Poder Legislativo para abordar las reformas secundarias derivadas de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Esta medida subraya la importancia que el gobierno otorga a la revisión y actualización del marco legal en diversos ámbitos, con el objetivo de modernizar las instituciones y adaptarlas a las necesidades del país.

La simplificación de la estructura regulatoria, con la consecuente reducción de costos, es uno de los argumentos centrales que sustentan la creación de la nueva Agencia. La Presidenta Sheinbaum ya se había referido a esta iniciativa hace una semana, destacando la necesidad de un organismo más ágil y menos oneroso. Sin embargo, el reto radica en lograr este objetivo sin comprometer la eficacia y la independencia de la regulación, aspectos fundamentales para garantizar un mercado competitivo y en beneficio de los consumidores. Los próximos días serán cruciales para conocer el contenido de las iniciativas y el desenlace de este importante proceso legislativo.