El gas LP, ese combustible invisible que alimenta la vida cotidiana de millones de mexicanos, se encuentra en una encrucijada. Más allá de la llama que enciende nuestras estufas, se esconde una compleja red de distribución que, como un sistema circulatorio, irriga hogares, hospitales, escuelas y negocios a lo largo y ancho del país. Imaginen por un momento la magnitud: 27 millones de hogares dependen de este suministro constante y seguro. No hablamos solo de calentar el agua para el café matutino, sino de la operatividad de tortillerías, el calor de los hornos en las panaderías, el funcionamiento de restaurantes y hoteles, la limpieza en las lavanderías… Una cadena productiva que, en silencio, impulsa la economía nacional.

Detrás de esta red vital, se encuentran más de 200 mil trabajadores. Rostros anónimos que día a día se encargan de que el gas llegue a su destino: choferes que recorren kilómetros de carreteras, despachadores que atienden con diligencia, técnicos que garantizan la seguridad de las instalaciones, personal de mantenimiento que previene fallas y un equipo administrativo que coordina esta compleja operación. Un ejército silencioso que, incluso durante la pandemia, demostró su compromiso inquebrantable, asegurando el suministro en los momentos más críticos.

Sin embargo, este sector esencial se enfrenta a una amenaza silenciosa, pero no menos peligrosa: una tarifa de distribución que no cubre sus costos mínimos. No se trata de una petición de privilegios, sino de una justa reivindicación. Los empresarios del sector no buscan ganancias desmedidas, sino simplemente la posibilidad de cubrir los gastos reales de operación. Una tarifa justa que les permita mantener el empleo de miles de familias, invertir en la seguridad de sus instalaciones y seguir ofreciendo un servicio confiable a la sociedad.

La situación actual ha generado un efecto dominó con consecuencias preocupantes. La reducción de rutas de distribución, el aplazamiento de inversiones en seguridad, la cancelación de proyectos de expansión… Un panorama desolador que, además, propicia el crecimiento del mercado informal, el peligroso "huachigas", que como una plaga se extiende por los espacios que deja la distribución formal. Este mercado negro no solo pone en riesgo el abasto, sino que también representa una seria amenaza para la seguridad pública, afectando tanto a consumidores como a las autoridades locales.

Afortunadamente, se han abierto canales de diálogo con las autoridades. La Secretaría de Energía, liderada por Luz Elena González Escobar, ha escuchado las voces del gremio y se ha comprometido a buscar soluciones. La creación de una nueva Comisión Nacional de Energía también genera expectativas, aunque la urgencia de la situación exige acciones inmediatas. No podemos permitir que la transición institucional se convierta en una excusa para postergar decisiones cruciales.

Una tarifa justa no es un favor, es una necesidad. Protege el empleo, fortalece a las empresas que cumplen con la ley y garantiza el acceso equitativo al gas LP para millones de familias. La estabilidad de este sector estratégico es un beneficio para todos. Es imperativo que las autoridades comprendan la magnitud del problema y actúen con prontitud. El futuro de miles de trabajadores y la seguridad energética del país dependen de ello. Mientras tanto, en Acapulco, a pesar de las adversidades, el turismo resurge con fuerza, demostrando la resiliencia de un sector que, al igual que el gas LP, es fundamental para la economía nacional. La ocupación hotelera superando el 75% es un rayo de esperanza en un contexto complejo, una muestra de que, incluso en medio de la tormenta, la voluntad y el trabajo conjunto pueden generar resultados positivos.