La escalada de precios en el diésel en Torreón ha encendido las alarmas entre consumidores y empresarios. Mientras la estrategia nacional busca contener los costos de los combustibles, cerca de 60 gasolineras en la ciudad lagunera parecen ir en contracorriente, con precios que superan los 27 pesos por litro, muy por encima del promedio nacional de 23.19 pesos. Empresas como Petromax y Energía y Servicios Coordinados se encuentran en el ojo del huracán, con márgenes de ganancia que rozan los 5 pesos por litro. Este sobreprecio impacta directamente en la economía local, encareciendo el transporte de mercancías y, por ende, el precio final de productos básicos.

La situación se agrava ante la ausencia de un precio tope para el diésel, a diferencia de la gasolina regular, para la cual el gobierno federal ha impulsado un acuerdo voluntario para mantenerla por debajo de los 24 pesos. Si bien se busca exhibir públicamente a quienes no se adhieren a esta iniciativa, la falta de sanciones concretas deja un vacío legal que algunos concesionarios parecen aprovechar. Mientras tanto, la ciudadanía se organiza a través de plataformas digitales y redes sociales, denunciando los precios excesivos y compartiendo información sobre las gasolineras con costos más elevados. Grupos como “Alerta Roja en la Laguna” se han convertido en un espacio de denuncia ciudadana, visibilizando no solo los precios abusivos, sino también casos de posible adulteración del combustible.

El reciente caso de un conductor en Gómez Palacio, cuya camioneta sufrió fallas tras cargar gasolina en la estación “Punto Más”, ilustra la vulnerabilidad de los consumidores. La denuncia, acompañada de imágenes del combustible con un color y olor sospechosos, ha generado indignación en redes sociales. La falta de respuesta tanto de la empresa como de la Profeco, encargada de verificar la calidad del combustible, alimenta la desconfianza y la sensación de impunidad. Este incidente se suma a un historial de irregularidades en gasolineras de la Comarca Lagunera, documentadas por la Profeco en años recientes, que incluyen desde litros incompletos hasta alteraciones en la composición del combustible.

La preocupación crece ante la falta de medidas contundentes para frenar esta escalada de precios. Si bien el procurador del consumidor, Iván Escalante Ruiz, asegura que se realiza un monitoreo constante, este se centra principalmente en la gasolina regular. Marcas como Hidrosina, G500, Rendichicas y Pemex muestran un alto nivel de cumplimiento con el acuerdo voluntario, mientras que otras, como Oxxo Gas, Petro Seven y Corpogas, persisten en vender por encima del precio acordado. Los incentivos administrativos propuestos por el gobierno federal parecen insuficientes para disuadir a quienes buscan maximizar sus ganancias a costa del consumidor.

La herramienta “Quién es quién en los precios de la gasolina”, aunque útil para transparentar la información, no ha logrado el impacto deseado. Su consulta es limitada y muchos consumidores siguen pagando precios injustificados sin saberlo. En este contexto, la ciudadanía ha tomado las riendas de la denuncia, utilizando las redes sociales como un altavoz para exigir transparencia y rendición de cuentas. Ante la pasividad de las autoridades, la presión social se convierte en una herramienta fundamental para combatir los abusos y proteger el bolsillo de los consumidores. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto tiempo más podrán los gasolineros de Torreón operar al margen del interés público antes de que se implementen medidas verdaderamente efectivas?