La reciente controversia desatada por la campaña antiinmigrante del gobierno estadounidense en medios mexicanos ha puesto en relieve la vulnerabilidad de nuestro espacio informativo y la necesidad de protegerlo de injerencias externas. La Presidenta Claudia Sheinbaum, con una postura firme y decidida, ha rechazado categóricamente este mensaje discriminatorio, calificándolo de propaganda pagada que atenta contra los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes. Su llamado a la acción, materializado en la propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, busca erigir un escudo protector contra la manipulación informativa proveniente del extranjero.

Este no es un hecho aislado. El fantasma de la injerencia extranjera en nuestros medios de comunicación ha rondado por décadas, influyendo sutilmente en la percepción de la realidad nacional. La eliminación del artículo que prohibía la difusión de propaganda política extranjera durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora revertida por la iniciativa de la actual administración, deja al descubierto la fragilidad de nuestro sistema ante los embates de intereses foráneos. ¿Fue una omisión deliberada o una simple negligencia? La pregunta queda flotando en el aire, alimentando la sospecha de una permeabilidad preocupante en la defensa de nuestra soberanía informativa.

La campaña orquestada por la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, no solo es un insulto a la comunidad migrante, sino también una afrenta a la soberanía mexicana. Utilizar medios de comunicación nacionales para difundir un mensaje de rechazo y exclusión es una estrategia cínica que busca sembrar la discordia y el miedo en nuestra sociedad. Es imperativo que, como nación, cerremos filas en defensa de nuestros valores y principios, rechazando cualquier intento de manipulación proveniente del exterior.

El CONAPRED, con su oportuna intervención, ha puesto el dedo en la llaga al señalar el carácter discriminatorio de la campaña. Su carta dirigida a los medios que difundieron el mensaje es un llamado a la responsabilidad social y a la ética periodística. No se trata de censurar la información, sino de proteger a la población de la propaganda disfrazada de noticia, de la manipulación encubierta bajo el manto de la libertad de expresión.

La reforma propuesta a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es un paso crucial en la dirección correcta. Reincorporar el artículo que prohíbe la difusión de propaganda política extranjera es una medida necesaria para blindar nuestro espacio informativo y garantizar que la voz que se escucha en México sea la de los mexicanos. Es una apuesta por la soberanía informativa, por la construcción de una narrativa propia, libre de injerencias y manipulaciones externas.

El debate está abierto. La discusión en el Congreso promete ser intensa. Es fundamental que la sociedad civil se involucre activamente en este proceso, exigiendo a sus representantes que defiendan los intereses nacionales y protejan el derecho a la información veraz y objetiva. El futuro de nuestra democracia, nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y construir un país más justo y equitativo, depende en gran medida de la fortaleza de nuestro sistema informativo. No podemos permitir que la propaganda extranjera siembre la discordia y el odio en nuestra tierra. Es tiempo de alzar la voz y defender nuestra soberanía informativa.