La estrategia arancelaria de Trump, una montaña rusa de imposiciones y suspensiones, ha mantenido en vilo a la economía global desde su regreso a la Casa Blanca. Bajo la bandera del MAGA, el expresidente ha blandido los aranceles como un arma de doble filo: por un lado, buscando el retorno de las cadenas de suministro a suelo estadounidense y, por otro, utilizando la coerción para moldear las políticas de otros países, especialmente en materia migratoria y de seguridad. Esta política, con tintes mercantilistas, ha generado un complejo tablero geopolítico donde las represalias y las negociaciones se entrelazan en una danza inestable.

El caso de México es particularmente ilustrativo. Si bien la retórica oficial ha optado por una postura defensiva, enfatizando el daño autoinfligido por Estados Unidos y la fortaleza moral del gobierno mexicano, esta estrategia no ha logrado disipar la sombra de la narrativa trumpista que justifica los aranceles con la supuesta incapacidad de México para controlar sus fronteras. Es una narrativa simplista y peligrosa, que ignora la complejidad de la problemática migratoria y reduce la relación bilateral a un juego de culpas.

Más allá del discurso, la realidad es que México cuenta con herramientas legales para contrarrestar la ofensiva arancelaria. El T-MEC, paradójicamente impulsado por el propio Trump, contiene disposiciones que protegen a la industria automotriz de la imposición de aranceles. ¿Por qué entonces la reticencia a utilizar estos mecanismos? ¿Por qué conformarse con una defensa pasiva cuando se puede pasar a la ofensiva, como ya lo han hecho Canadá y la Unión Europea? La respuesta, quizás, se encuentre en la intrincada red de intereses económicos y políticos que une a ambos países. Sin embargo, la prudencia no debe confundirse con la inacción. Llegó el momento de que México deje de ser un mero receptor de los embates arancelarios y ejerza sus derechos, utilizando todas las herramientas a su disposición, incluyendo las represalias aduaneras.

La experiencia ha demostrado que Trump es susceptible a la presión. Las protestas de empresas estadounidenses como Tesla, preocupadas por el impacto de los aranceles en la industria automotriz, son un claro ejemplo de ello. Asimismo, la volatilidad de los mercados bursátiles y el fantasma de una posible recesión han obligado al expresidente a ajustar su estrategia, demostrando que la narrativa del MAGA no es impermeable a las realidades económicas.

En este contexto, la pasividad de México resulta aún más desconcertante. El argumento de la defensa moral, si bien válido, no es suficiente. Es necesario un cambio de paradigma, una estrategia proactiva que combine la defensa legal con la presión económica. El T-MEC ofrece un marco jurídico sólido para impugnar los aranceles impuestos por Estados Unidos. Además, las represalias aduaneras, aplicadas de manera estratégica, pueden ser un instrumento eficaz para equilibrar la balanza comercial y forzar a la administración estadounidense a reconsiderar su postura.

La coyuntura actual exige una respuesta firme y decidida. México no puede permitir que la narrativa trumpista, basada en falacias y prejuicios, defina la relación bilateral. Es hora de pasar de la defensiva a la contraofensiva, de defender los intereses nacionales con la misma contundencia con la que Estados Unidos defiende los suyos. El T-MEC, negociado y legitimado por el propio Trump, es el arma legal que México necesita para ganar esta batalla. La pregunta es: ¿tendrá la voluntad política para usarla?