En un fallo que resonará en todo México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido un precedente crucial en torno al acceso al agua potable. La reciente validación de las disposiciones del Estado de Querétaro, que limitan el suministro de agua en casos de falta de pago, pero garantizan un mínimo vital de 50 litros diarios por persona, ha generado un intenso debate. Este volumen, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera el mínimo indispensable para cubrir las necesidades básicas de higiene y consumo humano.

La decisión, respaldada por la Ministra Yasmín Esquivel, subraya la importancia del agua como un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 4º de la Constitución. Esquivel argumentó que tanto las autoridades como las empresas concesionarias tienen la obligación ineludible de garantizar este derecho sin discriminación, asegurando su disponibilidad, calidad y accesibilidad para todos los mexicanos. La Ministra enfatizó que la limitación del servicio, si bien es una medida permisible ante la falta de pago, no puede traducirse en una negación total del acceso al agua, un recurso esencial para la vida digna.

Esta resolución de la SCJN abre un nuevo capítulo en la gestión del agua en México. Si bien reconoce el derecho de las empresas a cobrar por el servicio, prioriza la protección de los derechos humanos, estableciendo un límite a la capacidad de corte del suministro. Los 50 litros diarios garantizados representan una línea roja que no puede cruzarse, asegurando un mínimo vital para la subsistencia. Este fallo sienta las bases para un equilibrio más justo entre las necesidades de las empresas prestadoras del servicio y el derecho fundamental al agua de la población.

La decisión de la SCJN ha sido recibida con reacciones diversas. Organizaciones civiles defensoras del derecho al agua han celebrado la decisión, considerándola un avance significativo en la protección de los más vulnerables. Argumentan que el acceso al agua no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todos, independientemente de su situación económica. Por otro lado, representantes del sector empresarial han expresado su preocupación por las implicaciones económicas de la medida, argumentando que podría afectar la viabilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio.

El debate continúa, y la implementación de esta resolución en Querétaro y otros estados será clave para evaluar su impacto real. Se espera que esta decisión impulse la búsqueda de soluciones innovadoras para la gestión del agua, que garanticen la sostenibilidad del servicio y, al mismo tiempo, protejan el derecho humano fundamental al agua para todos los mexicanos. La SCJN ha marcado un hito, y ahora es responsabilidad de las autoridades y la sociedad en su conjunto trabajar para que el acceso al agua sea una realidad tangible para todos. El futuro del agua en México depende de la capacidad de construir un modelo de gestión justo, equitativo y sostenible, que coloque en el centro el bienestar de la población.