En la Ciudad de México, la justicia no espera. Las mujeres víctimas de violencia encuentran un escudo protector en el Poder Judicial, donde juezas y jueces trabajan incansablemente para garantizar su seguridad. En un máximo de cuatro horas, y a cualquier hora del día, los 365 días del año, se decretan medidas de protección que actúan como una barrera infranqueable entre la víctima y su agresor. No se trata de simples trámites burocráticos, sino de acciones concretas y personalizadas que responden a la realidad de cada caso. La jueza María Milagros Pérez Ruiz, voz autorizada en el sistema procesal acusatorio, lo explica con claridad: las medidas se ajustan a los hechos narrados, priorizando la prevención y la protección inmediata. Basta la palabra de la víctima, el testimonio del miedo y la vulnerabilidad, para activar toda la maquinaria judicial. No hay que esperar a que la violencia escale, a que las amenazas se conviertan en hechos. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es el marco legal que ampara estas acciones, un conjunto de herramientas que buscan resguardar la integridad física y emocional de las mujeres.

Imaginen la tranquilidad de saber que, ante una situación de peligro, la policía puede llegar de inmediato a brindar resguardo. Imaginen la posibilidad de borrar de la red esas imágenes que violan la intimidad, que exponen la vida privada al escarnio público. Estas son solo algunas de las medidas que el Poder Judicial de la Ciudad de México pone a disposición de las mujeres. La jueza Pérez Ruiz destaca la importancia de la guardia permanente, un equipo de jueces penales disponibles las 24 horas, listos para responder a la urgencia, para tender la mano a quien lo necesita. No importa la hora ni el día, la protección está garantizada. El sistema está diseñado para ser accesible y eficiente. Las solicitudes se canalizan rápidamente, con la diligencia y la responsabilidad que exige la gravedad de la situación.

Existen dos caminos para solicitar estas medidas de protección: acudir a los centros de justicia para las mujeres, distribuidos estratégicamente en las distintas alcaldías, o bien, dirigirse directamente a los juzgados de oralidad penal de guardia. La elección es de la víctima, la prioridad es su seguridad. Y en este punto, la jueza Pérez Ruiz subraya un elemento fundamental: la credibilidad. Ante la violencia familiar, la primera obligación del Estado es creer en la versión de la víctima. Es el primer paso para romper el ciclo de la violencia, para construir un futuro libre de miedo. Es un mensaje claro y contundente: no están solas. El Poder Judicial de la Ciudad de México está a su lado, escucha, actúa y protege. La justicia, en este caso, no se demora. Es inmediata, eficaz y, sobre todo, humana. Un compromiso inquebrantable con la seguridad y la dignidad de las mujeres.