La reciente polémica desatada por las presentaciones de Luis R. Conriquez y Los Alegres del Barranco, junto con la cancelación del concierto de El Komander, ha puesto en el ojo del huracán a la música regional mexicana, particularmente a los corridos tumbados y su relación con la apología del delito. Más allá de simples incidentes aislados, estos eventos nos obligan a reflexionar sobre el impacto de la cultura popular en la sociedad y la responsabilidad que conlleva la libertad de expresión.

Si bien es cierto que la libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, también es cierto que esta libertad no es absoluta. No podemos permitir que, bajo el amparo de la libre expresión, se glorifique la violencia, se normalice el delito y se promuevan antivalores que atentan contra la paz y la seguridad de nuestras comunidades. La revocación de visas a Los Alegres del Barranco por parte del gobierno estadounidense, aunque pueda parecer una medida drástica, pone de manifiesto la preocupación internacional por el contenido de este tipo de música y su potencial influencia negativa.

En México, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y las acciones del gobierno del Estado de México, si bien aparentemente divergentes, apuntan hacia un mismo objetivo: combatir la apología del delito sin caer en la censura. No se trata de prohibir la música, sino de promover contenidos que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Se trata de fomentar una cultura de respeto y responsabilidad en la que la música, como herramienta de transformación social, se utilice para inspirar valores positivos y no para enaltecer la violencia.

La problemática no se limita a la música. Las series de televisión y el cine también juegan un papel crucial en la formación de la opinión pública y la construcción del imaginario colectivo. Es necesario un análisis profundo sobre el contenido que se produce y se consume en estos medios, promoviendo narrativas que contribuyan a la reconstrucción del tejido social y no que lo deterioren aún más.

En el fondo, el debate gira en torno a la función social del arte y la cultura. ¿Debe el arte limitarse a reflejar la realidad, por dura que esta sea, o debe aspirar a transformarla? Creemos firmemente que el arte, en todas sus manifestaciones, tiene la capacidad y la responsabilidad de contribuir a la construcción de un mundo mejor. No se trata de censurar, sino de promover la creación y difusión de contenidos que inspiren, eduquen y promuevan valores que fortalezcan nuestra sociedad.

La situación actual exige una respuesta integral que involucre a artistas, productores, medios de comunicación, gobierno y sociedad en su conjunto. Es necesario un diálogo abierto y honesto que nos permita encontrar soluciones que garanticen la libertad de expresión al tiempo que protegemos a nuestras comunidades de la influencia negativa de la apología del delito. El futuro de nuestra sociedad depende, en gran medida, de la capacidad que tengamos para utilizar la cultura como herramienta de construcción y no de destrucción.