Un paso crucial hacia la erradicación de la tortura en México se ha dado con la instalación del Comité Directivo para el Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta iniciativa conjunta de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR) representa un compromiso tangible del gobierno federal en la construcción de un país donde la dignidad humana sea el eje rector de las acciones en materia de justicia y seguridad.

La primera sesión ordinaria del Comité, un espacio de vital importancia para la articulación de esfuerzos interinstitucionales, contó con la participación de figuras clave en la defensa de los derechos humanos. El subsecretario Arturo Medina, en su intervención, reafirmó la voluntad política del gobierno para erradicar la tortura, un flagelo que ha lacerado el tejido social y minado la confianza en las instituciones. Su mensaje, claro y contundente, subraya la necesidad de un cambio profundo en la cultura de la legalidad y la justicia.

El Comité, conformado por 25 representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos y la sociedad civil organizada, se erige como un órgano colegiado esencial para la vigilancia y el cumplimiento de los objetivos trazados en el Programa Nacional. Su función trasciende la mera supervisión, ya que está facultado para emitir observaciones, recomendaciones y lineamientos que fortalezcan la implementación del programa. Esta inclusión de voces diversas, desde la institucionalidad hasta la participación ciudadana, garantiza una perspectiva integral en el abordaje de esta problemática compleja.

La presencia del enlace de la Cámara de Diputados en la instalación del Comité refuerza la importancia del trabajo legislativo en la creación de un marco jurídico sólido que sancione la tortura y proteja a las víctimas. La colaboración entre los diferentes poderes del Estado es fundamental para lograr avances significativos en la prevención y la sanción de este delito.

El liderazgo en la instalación del Comité, a cargo de Froylán Enciso, Claudia Galindo, Sara Irene Herrerías, Yuriria Álvarez y José Antonio Pérez, demuestra el compromiso de funcionarios de alto nivel en la lucha contra la impunidad. Su experiencia y trayectoria en la defensa de los derechos humanos son garantía de un trabajo riguroso y comprometido.

La participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a través de Alan García Campos, otorga una dimensión internacional a esta iniciativa y refrenda el compromiso de México con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La designación de Yuriria Álvarez como secretaria técnica del Comité asegura la continuidad y la eficacia en el seguimiento de las acciones planificadas.

Este Comité representa una esperanza tangible para las víctimas de tortura y un paso firme hacia un México más justo y democrático. La sociedad civil estará vigilante del cumplimiento de los compromisos adquiridos y seguirá exigiendo la erradicación de esta práctica aberrante. El camino es largo, pero la instalación de este Comité marca un hito en la lucha por la dignidad humana. El tiempo dirá si las expectativas generadas se traducen en resultados concretos y en un verdadero cambio en la cultura de la legalidad.