La reciente prohibición de venta de alcohol en la Ciudad de México durante la Semana Santa, aunque parcial, nos recuerda una vez más la tendencia paternalista de algunos gobiernos, tanto a nivel local como nacional, de tratar a los ciudadanos como menores de edad incapaces de tomar decisiones responsables. Esta medida, lejos de ser efectiva, fomenta el mercado negro y la venta clandestina, enriqueciendo a quienes operan fuera de la ley y poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Además, se pierde la oportunidad de recaudar impuestos que podrían destinarse a programas sociales o mejoras en la infraestructura.

No se trata de promover el consumo excesivo de alcohol, sino de cuestionar la eficacia de estas prohibiciones que, históricamente, han demostrado ser contraproducentes. ¿Realmente creemos que quienes desean consumir alcohol se abstendrán por un decreto gubernamental? La realidad es que buscarán alternativas, recurriendo a establecimientos sin licencia, consumiendo bebidas de dudosa procedencia o, en el peor de los casos, fabricando alcohol casero con los riesgos que ello implica.

Esta prohibición se suma a una larga lista de restricciones impuestas en los últimos años, desde la prohibición de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, pasando por la limitación de la venta de comida "chatarra" en las escuelas (que llegó incluso a las universidades), hasta la prohibición del maíz transgénico, una medida que, paradójicamente, nos obliga a importar este producto. Y no olvidemos la propuesta de prohibir los narcocorridos, una medida que atenta contra la libertad de expresión y que podría llevar a la cárcel a artistas y promotores.

Esta tendencia prohibicionista, que se escuda en la protección de la salud pública o la moral, refleja una visión paternalista del Estado que limita la libertad individual y fomenta la desconfianza en la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas. En lugar de prohibir, deberíamos enfocarnos en la educación y la concientización, promoviendo un consumo responsable y brindando información clara y accesible sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol.

Además, es importante cuestionar la motivación detrás de estas prohibiciones. ¿Se trata realmente de proteger a la población o de mostrar una imagen de autoridad y control? En muchos casos, estas medidas parecen estar más relacionadas con la búsqueda de réditos políticos que con la preocupación genuina por el bienestar de los ciudadanos.

Es necesario un debate serio y profundo sobre el papel del Estado en la regulación de las conductas individuales. Debemos preguntarnos si estas prohibiciones son realmente efectivas o si, por el contrario, generan más problemas de los que resuelven. La prohibición del alcohol durante la Semana Santa es solo un ejemplo más de esta tendencia paternalista que debemos cuestionar y rechazar. Es hora de promover un Estado que confíe en la capacidad de sus ciudadanos para tomar decisiones responsables y que se enfoque en la educación y la prevención, en lugar de la prohibición y la restricción. El camino hacia una sociedad más libre y responsable pasa por la construcción de ciudadanos informados y conscientes, no por la imposición de prohibiciones arbitrarias.