La normalización de la indignación perdida: un análisis de la apatía social en México

Desde el fraude de Segalmex, catalogado como el mayor desfalco en la historia del país, hasta la reciente revelación de un campo de exterminio, México parece navegar en un mar de indignación anestesiada. La pregunta que resuena una y otra vez es: ¿qué evento, por catastrófico que sea, logrará sacudir la conciencia colectiva y despertar una verdadera reacción social? La persistente indiferencia ante las arbitrariedades gubernamentales, la violencia rampante y la corrupción sistémica sugiere una preocupante pérdida de la capacidad de indignación.

Esta apatía, que contrasta con la efervescencia social de sexenios anteriores, donde las protestas ciudadanas eran una respuesta común a los abusos del poder, se puede atribuir a diversos factores. Por un lado, la saturación informativa derivada de la constante avalancha de escándalos dificulta el procesamiento de la información y fomenta la desconexión. La velocidad con la que se suceden estos eventos impide que los medios de comunicación profundicen en la investigación y el análisis, creando una especie de amnesia colectiva donde un escándalo eclipsa al anterior. Además, la estrategia gubernamental de distribuir recursos masivos bajo la etiqueta de "política social" contribuye a silenciar las voces disidentes, generando una dependencia que dificulta la crítica.

Sin embargo, existe un factor crucial que no podemos ignorar: la cooptación de figuras que anteriormente se erigían como adalides de la justicia social. Activistas y comunicadores que en el pasado inflamaban la indignación en medios y calles, hoy forman parte de la nómina oficial, defendiendo las mismas arbitrariedades que antes denunciaban. Algunos, quizás siempre movidos por el oportunismo, encontraron en las causas sociales un vehículo para el lucro político. Otros, tal vez con convicciones genuinas en su origen, sucumbieron a las mieles del poder, silenciando sus voces y abandonando la lucha por los desaparecidos, la corrupción, el nepotismo y las violaciones a la legalidad.

En este panorama desolador, la labor de periodistas, académicos y analistas comprometidos con la verdad se vuelve aún más crucial. Estos profesionales, armados con datos, análisis rigurosos y la búsqueda incansable de la verdad, se enfrentan a una desventaja inherente: su discurso, basado en la razón y la evidencia, compite con la estridencia y el sensacionalismo de agitadores profesionales, ahora financiados con recursos públicos, expertos en manipular emociones y lucrar con las tragedias. Estos nuevos actores, sin escrúpulos, acusan a quienes buscan justicia y verdad – como las madres buscadoras o los padres de niños con cáncer – de participar en conspiraciones ficticias, deslegitimando sus reclamos y desviando la atención del problema de fondo.

A pesar de la aparente indiferencia generalizada y la captura de instituciones clave como el Congreso y el Poder Judicial, la crítica y la denuncia siguen siendo el último bastión de la resistencia ciudadana. Rendirse ante la apatía y el silencio sería un error catastrófico. La soberbia del poder se alimenta de la ausencia de oposición, por lo que es indispensable mantener viva la llama de la indignación, documentando los abusos, exigiendo rendición de cuentas y dejando testimonio para las futuras generaciones.

La denuncia, aunque parezca inútil ante la magnitud del problema, sí tiene efectos. No porque el régimen actual sea ético, sino porque la exposición de los escándalos puede influir en las crecientes luchas internas de poder. La historia nos ha demostrado que la presión constante de una sociedad vigilante, aunque tome tiempo, eventualmente logra cambios. Aunque México haya perdido instituciones republicanas, aún podemos conservar nuestra voz y nuestra capacidad de indignarnos. Perder eso sería perderlo todo. La esperanza reside en la persistencia, en la negativa a normalizar la injusticia y en la convicción de que un país mejor es posible.