La tragedia que arrebató la vida de María José, la joven de 17 años asesinada en Iztacalco, ha sacudido a la comunidad y ha encendido un debate crucial sobre la responsabilidad profesional y la justicia. Más allá del dolor inconmensurable que embarga a su familia, surge una pregunta que resuena con fuerza: ¿cómo es posible que un individuo con formación académica, alguien que se supone porta los valores del conocimiento y el progreso, pueda cometer un acto tan atroz? La indignación y la impotencia se transforman en un clamor por un cambio profundo en el sistema.

La iniciativa impulsada por la tía de María José a través de Change.org, que ya ha rebasado las expectativas de firmas recolectadas, no se limita a la búsqueda de justicia para un caso particular. Se erige como un llamado a la reflexión sobre la ética profesional y la necesidad de mecanismos que impidan que criminales, amparados en títulos y cédulas, continúen ejerciendo su profesión. Imaginen la perversidad: un médico que jura salvar vidas arrebatándolas, un abogado que promete defender la justicia perpetrando la injusticia. La propuesta de revocar títulos y cédulas a quienes cometen delitos graves como feminicidio, homicidio, violación o secuestro no es una medida punitiva aislada; es un acto de protección a la sociedad, una forma de garantizar que la confianza depositada en los profesionales no sea traicionada de la manera más vil.

La creación de un registro público de profesionistas con cédulas anuladas es una pieza clave en este rompecabezas. La transparencia es fundamental para empoderar a la ciudadanía y a los empleadores. Tener acceso a esta información permitiría tomar decisiones informadas, previniendo futuras tragedias y construyendo un entorno más seguro para todos. No se trata de estigmatizar a quienes cometen errores, sino de proteger a la sociedad de aquellos que han demostrado ser un peligro. ¿Cómo podemos confiar en un sistema que permite que individuos con un historial de violencia sigan ejerciendo profesiones que les otorgan poder y acceso a personas vulnerables?

El caso de María José es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede esconderse tras una fachada de respetabilidad. Los hallazgos en el domicilio del presunto feminicida, Miguel "N", pintan un cuadro escalofriante: restos óseos, rastros biológicos y libretas con posibles anotaciones sobre sus crímenes. Estos indicios apuntan a la posibilidad de que estemos frente a un depredador que ha operado impunemente durante años. La familia de María José no solo exige justicia para ella, sino que también levanta la voz por otras posibles víctimas, mujeres cuyas vidas fueron truncadas por la misma mano criminal.

La petición que se acerca a las 25 mil firmas en Change.org no es solo un grito de dolor, es un llamado a la acción. Es una exigencia a las instituciones educativas para que asuman su responsabilidad y se posicionen de manera clara y contundente frente a exalumnos o alumnos implicados en delitos graves. El silencio cómplice es inaceptable. Las universidades tienen el deber de formar no solo profesionales competentes, sino también ciudadanos responsables y éticos. Repudiar públicamente a quienes, habiendo recibido una formación académica, se convierten en criminales, es un paso fundamental para reconstruir la confianza en el sistema y honrar la memoria de las víctimas. La misa realizada por los vecinos de la colonia La Cruz Coyuya en memoria de María José es un testimonio del impacto profundo que este crimen ha tenido en la comunidad. Es un acto de solidaridad y un recordatorio de que la lucha por la justicia no se detiene.