Una maquinaria política en marcha. Eso es lo que se observa en el panorama electoral mexicano con la inminente elección judicial. No se trata simplemente de promover la participación ciudadana, sino de una movilización orquestada desde las más altas esferas del poder. El objetivo de 20 millones de electores se antoja como una cifra impuesta, una meta que busca legitimar un proceso que, a ojos de muchos, erosiona la autonomía del Poder Judicial. La administración de Sheinbaum ha asumido un rol protagónico, inusual para un poder ejecutivo en un proceso de esta naturaleza. Se ha apropiado de la convocatoria, desplazando al INE y a su presidenta, Guadalupe Taddei, a un segundo plano. Las mañaneras, convertidas en un púlpito político, ya no solo dictan la agenda nacional, sino que ahora también instruyen sobre cómo votar.

La estrategia es multifacética y se extiende a todos los rincones del aparato político. Morena, el partido en el poder, ha desplegado a sus figuras más mediáticas y ha inundado calles y barrios con folletos que promueven el voto. Incluso imparten “capacitaciones” con un enfoque particular: defender la elección judicial en medios y espacios públicos. No se trata de informar, sino de persuadir, de construir una narrativa que justifique la intervención del partido en un proceso que debería ser independiente. Los comités estatales y municipales de Morena operan como engranajes de esta maquinaria, con brigadas que recorren el territorio y, según se rumora, con cuotas de votos impuestas a los gobernadores.

La creación de la organización Construyendo Justicia añade otra capa a esta compleja trama. Integrada por legisladores federales, esta organización opera territorialmente, promoviendo el voto con el apoyo de sindicatos afines a la llamada "cuarta transformación". La lista de aliados es extensa e incluye desde sindicatos de telefonistas y ferrocarrileros hasta organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial. Este respaldo multisectorial, que abarca desde la clase trabajadora hasta las élites empresariales, evidencia la magnitud de la operación política en marcha.

La campaña no se limita a la movilización terrestre. El Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados se preparan para lanzar una ofensiva mediática con spots que se transmitirán en tiempos oficiales. Una estrategia de saturación que busca inundar el espacio público con el mensaje de la importancia de participar en la elección judicial. Y, como si fuera poco, la selección de candidatos parece diseñada para asegurar un resultado favorable al régimen. No hay figuras disidentes, no hay voces críticas, solo perfiles alineados con el poder.

Ante este panorama, la pregunta que surge es inevitable: ¿se trata de una elección genuina o de una maniobra política para consolidar el control sobre el Poder Judicial? La alta participación ciudadana, ese objetivo de 20 millones de votantes, se convierte en la clave para legitimar un proceso cuestionado. Se busca "lavarle la cara" a lo que muchos perciben como una venganza contra la Corte y el Poder Judicial, encabezados por Norma Piña. Una jugada maestra para silenciar las voces disidentes y asegurar la hegemonía del poder. La sombra del abstencionismo se cierne como una amenaza, poniendo en riesgo la narrativa oficial. Por eso, la maquinaria está en marcha, aceitada y funcionando a toda velocidad.