La aparente neutralidad de Miguel Ángel Yunes Márquez, autoproclamado independiente, no convence a nadie. Sus movimientos tras bambalinas, tejiendo alianzas con diversos actores políticos sin importar la ideología, levantan sospechas y generan desconfianza, especialmente dentro de Morena. Mientras asegura su respaldo a panistas locales en algunos municipios, mantiene abiertas las líneas de comunicación con el partido guinda, demostrando una habilidad –oportunismo, según se mire– para jugar en ambos bandos. Este doble juego, sin embargo, tiene un precio.

El “chapulineo” político de Yunes ha eclipsado el debate sobre propuestas en Veracruz. En Xalapa, la oposición se desmorona antes de la contienda. Las candidaturas del PAN y PRI, cuestionadas por sus propias bases, no parecen tener la fuerza para competir. Maribel Ramírez Topete, exdiputada de Movimiento Ciudadano, a pesar de su buen perfil, carece de la estructura necesaria para una campaña exitosa. Por su parte, Silvio Lagos, exdiputado federal y notario, carga con el peso de su pasado ligado a figuras controvertidas como Fidel Herrera y Javier Duarte.

En el puerto, Morena busca arrebatarle al PAN su bastión. El apoyo tácito de Yunes a la 4T ha generado fracturas internas en el panismo, dejando a muchos desorientados. En medio de esta reconfiguración política, quien ha ganado mayor protagonismo es la gobernadora Rocío Nahle. Tras celebrar el fallido intento de Yunes de unirse oficialmente a Morena, Nahle ha desplegado su estrategia, colocando a figuras de su confianza en puestos clave. En Boca del Río, impuso la candidatura de Bertha Ahued, quien, además del respaldo del aparato estatal, cuenta con el peso del apellido Ahued Bardahuil, gracias a la figura de Ricardo Ahued Bardahuil, actual secretario de Gobierno.

Si bien el PAN aún podría conservar Boca del Río, la contienda ya no será un camino fácil. Morena ha comenzado a ganar terreno en un municipio donde antes su presencia era insignificante. Mientras la tensión política aumenta a nivel local, Rocío Nahle enfrenta un desafío de envergadura a nivel federal: el desastre de Dos Bocas.

La refinería, proyecto estrella del sexenio anterior, sigue sin cumplir su propósito. Tres años después de su “inauguración”, la producción apenas alcanza los 48 mil barriles diarios, una cifra muy distante de los 340 mil prometidos. Para alcanzar esa meta, se requiere una inversión adicional de mil millones de dólares en infraestructura que, inexplicablemente, no se consideró en el proyecto original.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado, desde finales del año pasado, una auditoría para agilizar los pagos a proveedores y frenar el despilfarro. El costo de la obra, inicialmente estimado en 8 mil millones de dólares, ya supera los 20 mil millones. Y el costo político apenas comienza a contabilizarse.

En San Luis Potosí, la Fiscalía no solo ha sido negligente ante los casos de violencia vicaria, sino que también ha amenazado e intimidado a las madres que buscan justicia. Mujeres que, a pesar de tener la custodia legal de sus hijos, se ven obligadas a salir a las calles a exigir su regreso tras ser sustraídos por sus exparejas.

Un ejemplo desgarrador es el de Ian Yael Escobedo Juárez, de diez años, sustraído por su padre el 21 de marzo. Su madre, Daniela Martínez, permitió la convivencia con su padre, sin imaginar que no volvería a ver a su hijo. La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda, pero ha sido incapaz de recuperarlo.

Otro caso conmovedor es el de Alanna Sofía Ortiz Guerrero, de cinco años, sustraída el 12 de febrero. La madre y la abuela conocen el paradero de la niña y lo han denunciado, pero la Fiscalía permanece inactiva.

Durante una protesta, con la presencia de colectivos y medios de comunicación, funcionarios de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ofrecieron un diálogo a puerta cerrada. Desde el interior, se informa que la fiscal María Manuela García Cázares minimiza la gravedad de la situación, argumentando que tiene otras prioridades. “Es un problema familiar”, declaró a la prensa.

No, no se trata de un asunto privado. Es un delito. Y la fiscalía tiene la obligación de actuar. La violencia vicaria no puede ser ignorada ni minimizada. Las madres que buscan justicia merecen ser escuchadas y protegidas, no amenazadas ni intimidadas. La impunidad no puede ser la respuesta.