La implementación de sistemas de compliance en el sector privado ha marcado un hito en la lucha contra la corrupción en México. Desde la reforma al Código Penal en 2006, las empresas han tenido que adaptarse a una nueva realidad, donde la prevención de riesgos, la transparencia y la ética se han vuelto esenciales para su supervivencia. Ya no basta con generar ganancias, sino que ahora deben demostrar un compromiso genuino con la legalidad, implementando códigos de conducta, canales de denuncia y sometiéndose a auditorías exhaustivas, tanto internas como externas. Este cambio, impulsado inicialmente por la necesidad de prevenir fraudes y lavado de dinero en instituciones con alto flujo de recursos financieros, se ha extendido a otros sectores, consolidando la importancia del compliance como un elemento clave en la cultura empresarial moderna.

No se trata simplemente de "cumplimiento", una traducción literal que se queda corta. Hablamos de un entramado complejo de procedimientos y políticas diseñadas para asegurar que las organizaciones operen dentro del marco legal y ético. Es una transformación profunda que implica la creación de la figura del Oficial de Cumplimiento, la capacitación constante del personal y la evaluación permanente de los sistemas implementados. Este nuevo paradigma se refuerza con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en sus artículos 24 y 25 obliga a las empresas a contar con manuales, mecanismos de control y códigos de conducta, elevando el estándar de responsabilidad empresarial.

Pero, ¿quién vigila a los vigilantes? Si el sector privado se ve obligado a implementar rigurosos sistemas de compliance, ¿no deberían las instituciones públicas, encargadas de regular y sancionar, someterse a los mismos estándares? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de organismos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, juega un papel crucial en la supervisión del compliance empresarial. Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno velan por el cumplimiento de la ley, especialmente en lo que respecta a las contrataciones públicas, un área particularmente vulnerable a la corrupción. La necesidad de una nueva Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como una plataforma que sustituya a Compranet, evidencia la urgencia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las compras gubernamentales.

Surge entonces la pregunta crucial: ¿cómo se autorregula el regulador? Si exigimos integridad y transparencia al sector privado, es imperativo que las instituciones públicas prediquen con el ejemplo. Implementar sistemas de compliance en el sector público no solo es una cuestión de justicia, sino una necesidad estratégica para fortalecer la confianza ciudadana y la eficiencia del Estado. Si bien se han dado pasos en el sector paraestatal, es necesario extender estas prácticas al sector central. Esto plantea importantes desafíos: ¿cómo compatibilizar los sistemas de compliance con los mecanismos de control interno ya existentes? ¿Cómo garantizar la efectividad de los programas de integridad y los canales de denuncia en las organizaciones públicas? ¿Cómo fomentar una verdadera cultura de compliance en el sector público, más allá de la simple implementación de normas y procedimientos?

Estas son interrogantes que debemos abordar con seriedad y determinación. La lucha contra la corrupción exige un compromiso integral, que involucre tanto al sector privado como al público. Solo a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la implementación efectiva de sistemas de compliance podremos construir un México más justo y próspero. La búsqueda de soluciones innovadoras y la colaboración entre todos los actores involucrados son fundamentales para alcanzar este objetivo. La erradicación de la corrupción no es una tarea sencilla, pero es un imperativo moral y una condición indispensable para el desarrollo de nuestro país.