En un contexto nacional donde la justicia social se alza como una demanda imperante, la candidatura de Abraham Amiud Dávila Rodríguez a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se presenta como una propuesta disruptiva. Su trayectoria, marcada por la defensa de los derechos colectivos y la convicción de una transformación profunda del sistema judicial, promete un enfoque renovador en la máxima tribuna del país. No se trata solo de interpretar la ley, sino de entenderla como una herramienta para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Dávila Rodríguez no es un jurista tradicional. Su experiencia, forjada en el acompañamiento jurídico a comunidades indígenas, campesinas y colectivos urbanos, le ha brindado una perspectiva única sobre las necesidades reales del pueblo mexicano. Ha sido testigo directo de las desigualdades y las injusticias que aquejan al país, y esta vivencia se traduce en una visión de la justicia que trasciende los fríos enunciados legales. Para él, la SCJN debe ser un bastión de los derechos humanos, un garante del medio ambiente y un motor de la igualdad sustantiva.

Su propuesta no se limita a la retórica. Dávila Rodríguez plantea acciones concretas para transformar la impartición de justicia. Habla de sentencias que atiendan los derechos colectivos y los DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), de resoluciones que consideren el impacto humano y ambiental, y de un fortalecimiento de la defensoría pública que garantice el acceso a la justicia para todos. Su visión de una “Corte de Justicia Social” no es una simple etiqueta, sino un proyecto ambicioso que busca democratizar el sistema judicial y erradicar la captura por intereses políticos o corporativos.

Su formación académica, que incluye estudios en Derecho y Ciencia Política, así como una especialización en Derecho de Amparo, le proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo esta transformación. Su experiencia como profesor en la UNAM le ha permitido formar a nuevas generaciones de juristas con una visión crítica y social del derecho, alejada de la visión instrumental que ha prevalecido durante décadas.

La candidatura de Dávila Rodríguez representa una oportunidad para que la Suprema Corte se convierta en un verdadero reflejo de la pluralidad y las necesidades del país. Su compromiso con la justicia social, su trayectoria en la defensa de los derechos colectivos y su visión transformadora del sistema judicial lo convierten en una figura clave en el debate sobre el futuro de la justicia en México. El próximo 1 de junio, la ciudadanía tendrá la oportunidad de decidir si apuesta por una Suprema Corte con rostro humano y enfoque social, una Suprema Corte que esté al servicio del pueblo y no de los poderes fácticos. La decisión es crucial. El futuro de la justicia está en juego. Informarse y participar es un deber cívico ineludible. La transformación que México necesita comienza en las urnas. La opción está en sus manos.