La opacidad en la compra de medicamentos ha sido una sombra que ha perseguido al sector salud durante años. Ahora, con la revelación de la presidenta Sheinbaum Pardo sobre la exorbitante diferencia de precios en un medicamento –de 38 mil a tan solo 6 mil pesos–, se abre una caja de Pandora que deja al descubierto las prácticas abusivas de algunas farmacéuticas. No solo se trata de un sobreprecio escandaloso, sino de un atentado directo contra las arcas públicas y, lo que es más grave, contra la salud de los mexicanos. ¿Cómo es posible que un medicamento esencial pueda tener una variación de precio tan descomunal? La respuesta, lamentablemente, apunta a la posible colusión y a la falta de transparencia en los procesos de adquisición.

La Mañanera del Pueblo, convertida en un espacio de rendición de cuentas, será el escenario donde se expongan los nombres de las empresas involucradas en este entramado. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son los responsables de este desfalco al erario, quienes han lucrado con la salud de la población. La promesa de la presidenta de que "ya nunca más van a poder vender al gobierno" es un mensaje contundente que debe traducirse en acciones concretas. La inhabilitación de estas empresas, basada en criterios objetivos y no en decisiones arbitrarias, es un paso fundamental para sanear el sistema y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente.

Sin embargo, la problemática va más allá de unas cuantas empresas corruptas. La presidenta Sheinbaum también ha señalado la falta de cumplimiento en la entrega de medicamentos por parte de algunas farmacéuticas, un hecho que agrava aún más la crisis de abastecimiento. Ganar una licitación y luego incumplir con los plazos de entrega no solo es una falta de profesionalismo, sino una irresponsabilidad que pone en riesgo la vida de miles de pacientes. Las sanciones e inhabilitaciones anunciadas son una medida necesaria para poner fin a esta práctica y asegurar que las empresas que participan en las licitaciones cumplan con sus compromisos.

La nueva ley de adquisiciones, con su mecanismo de subasta inversa, se presenta como una herramienta clave para combatir la corrupción y garantizar la adquisición de medicamentos a precios justos. Reducir el tiempo de los procesos de compra de un mes y medio a tan solo dos días, y fomentar la competencia entre los proveedores, son avances significativos que permitirán optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar el acceso a medicamentos de calidad para todos los mexicanos.

La promesa de la presidenta Sheinbaum de resolver el problema del abasto de medicamentos para el mes de mayo es una luz de esperanza para quienes dependen del sistema público de salud. La supervisión constante del tema por parte del gabinete de salud y la implementación de medidas concretas para sancionar a las empresas incumplidas son señales alentadoras. La salud de los mexicanos no puede ser rehén de la corrupción ni de la ineficiencia. La transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación de la ley son los pilares fundamentales para construir un sistema de salud justo y equitativo para todos.