La sombra del narcotráfico se extiende, ominosa, sobre los centros de rehabilitación en Sinaloa, dejando tras de sí un reguero de muerte y terror. La brutal masacre en el centro Shaddai de Culiacán, donde nueve personas perdieron la vida a manos de un comando armado, no es un hecho aislado, sino un síntoma alarmante de una problemática mucho más profunda. La búsqueda de "El Pelón" se convirtió en una sentencia de muerte para quienes, buscando refugio de sus adicciones, se encontraron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Este cruel episodio nos obliga a preguntarnos: ¿qué valor tiene la vida de un adicto en un país asediado por la violencia?

El secuestro y posterior asesinato de Guillermo Rodríguez Gaxiola, propietario del centro y líder de la URCAS, añade otra capa de complejidad a este sombrío panorama. Su muerte, marcada por la tortura, sugiere una venganza premeditada, una advertencia para quienes se atreven a desafiar el poder del narco. La ola de ataques a otros centros de rehabilitación en Culiacán y Mazatlán, obligando a cientos de pacientes a abandonar su proceso de recuperación, confirma un patrón sistemático de intimidación y control por parte del crimen organizado.

No se trata simplemente de reducir el número de adictos, una idea simplista que ignora la compleja realidad de la situación. La experiencia en otros estados, como Guanajuato, Baja California o Michoacán, revela una estrategia perversa: la cooptación de estos centros para convertirlos en campos de reclutamiento. Los adictos, estigmatizados y marginados, se convierten en presas fáciles para los cárteles, que se aprovechan de su vulnerabilidad y desesperación. Su desaparición, lamentablemente, pasa desapercibida en una sociedad que a menudo les da la espalda.

Otro factor clave es la lucha territorial entre bandas rivales. Los centros de rehabilitación, con su discreción y relativa anonimidad, pueden servir como escondites estratégicos tras un ataque. El informe de Omar García Harfuch, señalando la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza como telón de fondo de la masacre en Culiacán, confirma esta hipótesis. La ciudad, asolada por la violencia durante meses, se convierte en un tablero de ajedrez donde las piezas son vidas humanas.

La precariedad del sistema de rehabilitación en Sinaloa agrava aún más la situación. De los 256 centros existentes, solo un pequeño porcentaje opera con los permisos necesarios, dejando un amplio margen para la irregularidad y la infiltración del crimen organizado. La falta de control y supervisión por parte de las autoridades crea un caldo de cultivo para la impunidad.

Urge implementar políticas públicas de seguridad que protejan a quienes buscan superar sus adicciones. Las campañas preventivas son importantes, sin duda, pero no suficientes. Es imperativo brindar seguridad real a quienes se atreven a desafiar sus demonios internos, evitando que caigan en las garras del narcotráfico. No podemos permitir que el camino hacia la recuperación esté sembrado de violencia y muerte. El Estado tiene la obligación de garantizar que quienes buscan una segunda oportunidad no se encuentren con un infierno aún peor.

En contraste con la oscuridad del narcotráfico, la noticia de la exitosa colocación de notas por parte de Totalplay brilla como un rayo de esperanza en el panorama económico mexicano. Esta operación, por un valor de 200 millones de dólares, se suma a las notas senior garantizadas por 821 millones, consolidando la posición de la empresa como un actor clave en el sector de las telecomunicaciones. La apuesta de Totalplay por México, respaldada por una de las redes de fibra óptica más extensas del país, demuestra la confianza de los inversionistas en la solidez y el potencial de crecimiento de la empresa. En un contexto de incertidumbre global, este logro representa un voto de confianza en la economía mexicana y su capacidad para atraer inversión extranjera.