La ruptura entre el Partido del Trabajo (PT) y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, sacude el panorama político del estado. Lo que comenzó como una alianza que llevó a Menchaca a la gubernatura, hoy se transforma en una confrontación abierta, con el PT amenazando con impulsar la revocación de mandato del gobernador. Javier Vázquez Calixto, comisionado político nacional del PT en Hidalgo, ha anunciado el inicio de consultas en los 84 municipios para sondear la viabilidad de este proceso. Las acusaciones son contundentes: el PT señala a Menchaca de haberse distanciado del pueblo, de utilizar encuestas manipuladas, redes sociales falsas y una guerra sucia contra sus adversarios. La sombra de una posible persecución política se cierne sobre el partido, agregando un elemento de tensión a este escenario ya de por sí convulso.

El nombramiento de Damián Sosa Castelán como comisionado político electoral del PT en Hidalgo revela la estrategia a largo plazo del partido: no solo buscan la salida de Menchaca, sino consolidarse como la principal fuerza política del estado para las elecciones de 2027, 2028 y 2030. Con 14 municipios bajo su control y representación legislativa, el PT se siente con la fuerza suficiente para dar este salto cualitativo. La ironía no se escapa a nadie: el PT utiliza la herramienta de la revocación de mandato, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra un gobernador emanado del mismo movimiento. Lo que antes era un discurso, ahora se convierte en una amenaza real. Esta ruptura, además, no es un caso aislado. Se replica en otros estados como Michoacán, Coahuila —donde la alianza PRI-PAN se alzó con la victoria—, y Veracruz, mostrando una fisura creciente dentro del panorama político nacional.

Mientras tanto, en Durango, el sector empresarial se ahoga en un mar de estancamiento y falta de crecimiento. La ausencia de diálogo y apoyo por parte del gobernador Esteban Villegas ha dejado a los empresarios a la deriva. Raúl Montelongo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, denuncia la falta de inversión en obra pública, lo que ha paralizado la economía local y obligado a muchas empresas constructoras a cerrar temporalmente. A esto se suma el peso de una creciente carga tributaria, que asfixia a negocios como restaurantes, impidiendo la contratación de personal y la reinversión. El consumo se contrae, el circulante disminuye y la incertidumbre se instala.

Los empresarios duranguenses han tenido que recurrir a ajustes y cambios constantes para sobrevivir, pero lo han hecho solos, sin el apoyo del gobierno. La falta de incentivos, acompañamiento y, sobre todo, de diálogo con la administración de Villegas, agudiza la crisis. Durango necesita con urgencia el fortalecimiento de su mercado interno y un gobierno que escuche las demandas del sector productivo. La situación actual es un llamado de atención que no puede ser ignorado. El futuro económico del estado depende de ello.

Nos vemos a las 8 por el 8.

Por Sofía García

Colaboradora

@SofiGarciaMX

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