La desesperación se palpa en el aire, un nudo en la garganta que ahoga las palabras. Madres que, amparadas por la ley, ven cómo sus hijos les son arrebatados, sustraídos por la sombra de la violencia vicaria. No son casos aislados, son historias que se repiten, eco de un clamor que exige justicia en San Luis Potosí. La Alameda "Juan Sarabia", testigo silencioso de tantas alegrías, se convirtió este miércoles en el escenario de una marcha desgarradora. Medio centenar de mujeres, unidas por el dolor y la indignación, recorrieron las calles de la capital potosina, sus pasos firmes resonando como un grito desesperado. De la avenida 20 de Noviembre a la avenida Reforma, y finalmente al Eje Vial "Ponciano Arriaga", la ruta trazada las condujo a la Fiscalía, el lugar donde esperan encontrar respuestas, donde depositan la esperanza de recuperar lo más preciado: a sus hijos.

El caso de Alan Yael Escobedo Juárez, de tan solo diez años, es un puñal clavado en el corazón de su madre, Daniela Martínez. El 21 de marzo, en la colonia Industrial Aviación, el padre del niño lo sustrajo, rompiendo el frágil acuerdo de convivencia. Desde entonces, el silencio se ha convertido en una tortura. La ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía es una fría constancia de una ausencia que quema. Daniela relata con voz entrecortada cómo le permitió a su ex esposo convivir con su hijo, sin imaginar que esa sería la última vez que lo vería. La promesa incumplida, la esperanza rota, la burla que percibe en la lenta respuesta de las autoridades, son heridas que supuran. "Sólo me han dado esperanzas… y no lo han hecho”, confiesa con la voz quebrada por la angustia.

La historia se repite con Alanna Sofía Ortiz Guerrero, una pequeña de apenas cinco años, arrancada de los brazos de su familia el 12 de febrero en la colonia San Patricio. Su abuela, Claudia Idalid González Olvera, lleva el peso de la angustia compartida. Saben dónde está Alanna Sofía, en un domicilio en Soledad de Graciano Sánchez, pero la Fiscalía, tras un cateo infructuoso, parece haber abandonado la búsqueda. Claudia Idalid describe el drama que viven ella y su hija, la madre de Alanna Sofía, consumida por la desesperación, incapaz de comer o dormir, con la vida en suspenso, esperando el regreso de su pequeña.

A la angustia de la ausencia se suma el miedo. Tanto Daniela como Claudia Idalid denuncian amenazas por parte de los padres y sus familias. Un círculo de violencia que las aprisiona, que las silencia, que las obliga a vivir con el temor constante.

La marcha, custodiada por colectivas feministas, se convirtió en un acto de denuncia pública. Rostros cubiertos, fichas de búsqueda pegadas en los muros, una presencia que incomoda, que cuestiona, que exige. La violencia contra los medios de comunicación, un episodio lamentable que empaña la legitimidad de la protesta.

En la Fiscalía, a puerta cerrada, se inició una mesa de diálogo. La fiscal María Manuela García Cázares reconoce la complejidad del caso de Ian Yael, un conflicto familiar que ha escalado hasta la sustracción del menor. La denuncia interpuesta, las investigaciones en curso, la dificultad para localizar al padre y al niño, son piezas de un rompecabezas que aún no encajan. La información del consulado indica que no han salido del país, pero la incertidumbre persiste. La fiscal asegura que se ha brindado acompañamiento a la madre, y que incluso la familia del imputado ha intentado la restitución del menor, pero el conflicto entre los padres sigue siendo un obstáculo insalvable. La justicia, a veces, parece moverse con una lentitud exasperante. Mientras tanto, la angustia de estas madres continúa, un grito silencioso que espera ser escuchado.