La crisis de desaparecidos en México ha alcanzado dimensiones alarmantes, dejando un rastro de dolor e incertidumbre en miles de familias. La respuesta del gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se centra en un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, donde se debatirán modificaciones cruciales a las leyes existentes. Este esfuerzo, impulsado desde el Palacio Nacional y la Secretaría de Gobernación, busca atender las demandas de madres buscadoras y organizaciones civiles que, durante años, han clamado por justicia y apoyo en la búsqueda de sus seres queridos.

La iniciativa gubernamental prioriza la escucha activa de las víctimas, reconociendo el desdén y abandono que han sufrido por parte de administraciones anteriores. Se busca no solo documentar sus testimonios, sino también incorporar sus necesidades en las modificaciones legales que se presentarán ante la Cámara de Diputados y el Senado. El objetivo es claro: atacar el problema de raíz, brindando atención real y efectiva a las familias que viven la angustia de la desaparición.

Uno de los puntos clave de la reforma se centra en la Comisión Nacional de Búsqueda. Considerada por algunos como un ente burocrático inoperante, se plantea una reestructuración profunda que le otorgue "dientes" para actuar con mayor eficacia. Esto implica dotarla de mayores atribuciones legales, recursos económicos y tecnología de punta. La meta es trascender la simple ornamentación y convertirla en una herramienta poderosa para la localización de personas desaparecidas.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la creación de un registro único de desaparecidos a nivel nacional. Esta herramienta, largamente esperada por las familias, permitirá centralizar la información y coordinar los esfuerzos de búsqueda de manera más eficiente. Además, se busca obligar a todos los niveles de gobierno a asumir sus responsabilidades, combatiendo el descontrol que actualmente impera en la materia.

La tecnología jugará un papel fundamental en esta nueva estrategia. Se dotará a las comisiones de búsqueda con radares, drones y programas de registro de datos biométricos, herramientas que permitirán ampliar el alcance de las investigaciones. Asimismo, se impondrán plazos a los servicios forenses para la identificación y entrega de informes sobre restos humanos, agilizando los procesos y brindando respuestas a las familias que esperan con desesperación noticias de sus seres queridos.

El gobierno de Sheinbaum busca cerrar los resquicios que han permitido a los agentes involucrados evadir sus responsabilidades durante años. La prioridad es la justicia, la atención a las víctimas y la erradicación de la impunidad. Se espera que estas modificaciones legales representen un paso firme hacia la construcción de un país donde la desaparición forzada deje de ser una tragedia cotidiana.

Sin embargo, no todo es optimismo. La figura de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha convertido en un obstáculo en este camino. Su ausencia en las reuniones con madres buscadoras y organizaciones civiles, así como su aparente inacción, han generado descontento y cuestionamientos sobre su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Su actitud, percibida como un desaire, ha llevado al gobierno a evaluar su permanencia en el cargo. Este contraste entre la voluntad de acción del Ejecutivo y la aparente indiferencia de la CNDH pone de manifiesto la complejidad del problema y los retos que aún quedan por superar.

La búsqueda de los desaparecidos es una tarea que exige la participación de todos los sectores de la sociedad. Es una lucha contra la impunidad, contra el olvido y contra la indiferencia. Como bien dice el dicho popular, "donde hay una madre buscando, hay una patria que no ha muerto". La esperanza se mantiene viva en cada familia que no se rinde, en cada voz que clama por justicia, en cada paso que se da en la búsqueda de la verdad.