La decisión del INE de no implementar boletas en braille para las próximas elecciones judiciales ha generado un debate en torno a la inclusión y la accesibilidad en los procesos electorales. Si bien el Instituto argumenta limitaciones de tiempo y presupuesto, la medida ha sido recibida con preocupación por parte de organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad visual. Se plantea la interrogante de si la premura y las restricciones económicas justifican la exclusión de un sector de la población del ejercicio pleno de su derecho al voto. La posibilidad de ser asistidos por una persona de confianza, si bien representa una alternativa, no garantiza la secrecía del voto, un principio fundamental en cualquier democracia.

El argumento del INE se centra en la imposibilidad de ajustar el proceso a estas alturas, con las boletas muestra ya distribuidas y la cercanía de la fecha electoral. Se suma a ello el recorte presupuestal que ha enfrentado el Instituto, lo que dificulta la implementación de medidas extraordinarias. Sin embargo, surge la pregunta de si se exploraron a tiempo todas las alternativas posibles para garantizar la participación plena de las personas con discapacidad visual. La propuesta de Luis Eduardo Hernández Cruz, miembro del Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad Visual IAP, de distribuir boletas en braille tamaño carta, aunque descartada por el INE por su impacto económico y logístico, abre la discusión sobre la necesidad de planificar con mayor anticipación y considerar las necesidades de todos los ciudadanos en la organización de los comicios.

Este debate trasciende la coyuntura electoral inmediata y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión real y efectiva en nuestra sociedad. Si bien se han implementado otras medidas de accesibilidad, la exclusión de las boletas en braille nos recuerda que aún queda camino por recorrer para garantizar que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan ejercer sus derechos de manera plena e independiente. La promesa del INE de estudiar el tema a profundidad al final del proceso electoral es un paso importante, pero es crucial que se traduzca en acciones concretas para futuras elecciones.

Por otro lado, el notable incremento en las solicitudes de observadores electorales para estos comicios judiciales, triplicando las cifras de la elección presidencial, es un dato significativo que merece ser analizado. Este interés ciudadano por la observación electoral puede interpretarse como una muestra de la creciente preocupación por la transparencia y la legitimidad de los procesos democráticos. La participación activa de la ciudadanía en la vigilancia de las elecciones es fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar la integridad del sistema electoral.

El hecho de que la mayoría de las solicitudes provengan de mujeres y jóvenes también es relevante. Podría indicar una mayor sensibilización de estos grupos hacia la importancia de la participación ciudadana y la defensa de la democracia. El INE tiene el desafío de canalizar este interés y facilitar la labor de los observadores electorales, brindándoles la capacitación y el apoyo necesarios para que puedan desempeñar su función de manera eficaz.

En resumen, la controversia generada por la ausencia de boletas en braille y el aumento significativo de solicitudes de observadores electorales son dos caras de la misma moneda: la necesidad de fortalecer la democracia y garantizar la participación plena de todos los ciudadanos. El camino hacia una democracia más inclusiva y transparente requiere un compromiso constante por parte de las instituciones y la participación activa de la sociedad civil.