La crisis de desaparecidos en México ha alcanzado dimensiones alarmantes, convirtiéndose en una herida abierta que clama por justicia y soluciones. El Congreso de la Unión, consciente de la gravedad del problema, se prepara para un periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de modificar y aprobar un paquete de iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este conjunto de leyes busca no solo actualizar los marcos legales, sino también transformar la manera en que el Estado aborda esta tragedia humanitaria.

Desde el Palacio Nacional y la Secretaría de Gobernación, se ha desplegado una intensa labor de escucha a madres buscadoras y organizaciones civiles. El objetivo es claro: incorporar las voces y experiencias de quienes viven el dolor de la desaparición en la construcción de las nuevas leyes. Se busca que ninguna historia, ninguna necesidad, quede fuera del debate legislativo. Este enfoque participativo representa un cambio significativo respecto a la indiferencia y el abandono que las familias han sufrido durante décadas.

El gobierno se ha propuesto atacar el problema de raíz, brindando a las familias la atención y el apoyo que merecen. Se reconoce que la Comisión Nacional de Búsqueda, en su estructura actual, no ha logrado los resultados esperados. La crítica es contundente: se la describe como un ente burocrático, ineficaz, carente de la fuerza necesaria para coordinar esfuerzos y exigir la colaboración de las fiscalías estatales y federales. Se plantea una reestructuración profunda, dotándola de mayores atribuciones legales, recursos económicos y tecnología de punta.

La modernización del sistema de búsqueda implica la creación de un registro único de desaparecidos a nivel nacional, un paso crucial para la sistematización de la información y la coordinación entre las distintas instancias involucradas. Además, se busca fortalecer la capacidad de la Comisión para obligar a todos los niveles de gobierno a asumir sus responsabilidades, combatiendo la impunidad y el descontrol que han caracterizado la respuesta del Estado ante esta crisis.

Se espera que las nuevas leyes hagan énfasis en el uso de la tecnología, dotando a las comisiones de búsqueda con herramientas como radares, drones y programas de registro de datos biométricos. A los servicios forenses se les impondrán plazos para la identificación y entrega de informes, buscando agilizar los procesos y brindar respuestas a las familias que esperan con angustia noticias sobre el paradero de sus seres queridos. La administración de Sheinbaum busca cerrar los resquicios legales que han permitido a los funcionarios evadir sus responsabilidades, instaurando un sistema de rendición de cuentas efectivo.

Sin embargo, no todo es optimismo. La actuación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ha generado controversia. Su ausencia en los diálogos con madres buscadoras y organizaciones civiles ha sido interpretada como una señal preocupante. Su inacción contrasta con la urgencia del momento y la necesidad de una defensa firme de las garantías individuales. Su postura ha generado cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo y su compromiso con la causa de los desaparecidos.

En este contexto, las palabras del filósofo –cuyo nombre se nos escapa– resuenan con fuerza: "Donde hay una madre buscando, hay una patria que no ha muerto". Esta frase encapsula la lucha incansable de las familias, su esperanza inquebrantable y la responsabilidad del Estado de brindarles justicia y verdad. La modificación de las leyes es un paso importante, pero la verdadera transformación requiere un cambio profundo en la cultura institucional, un compromiso real con la búsqueda de la verdad y la reparación del daño. El camino es largo y complejo, pero la esperanza de encontrar a los desaparecidos y construir un país más justo sigue viva.