La brutalidad del crimen contra Sara Millerey González ha conmocionado a Bello, Antioquia, y al país entero. La imagen de una joven de 32 años, luchando por su vida en las gélidas aguas de la quebrada La García, con sus brazos y piernas fracturados, es un testimonio desgarrador de la violencia que azota a nuestra sociedad. Dos largas horas, una eternidad para alguien en su condición, tuvo que esperar Sara por la llegada de los servicios de emergencia. Dos horas en las que la corriente helada del río la abrazaba con crueldad, mientras la vida se le escapaba lentamente. El relato de su madre, Sandra Milena Borja, es un puñal al corazón. Imaginen la impotencia de una madre viendo a su hija pidiendo auxilio, con sus manos rotas, sin poder aferrarse a la vida. Un dolor que, como ella misma afirma, jamás podrá olvidar. La solidaridad de dos hombres que se lanzaron al agua para evitar que la corriente arrastrara a Sara, es una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Un gesto de humanidad que, si bien no pudo salvarle la vida, demuestra que aún existe compasión en un mundo a menudo indiferente al sufrimiento ajeno.

La sed que atormentaba a Sara en sus últimos momentos, ese "mamá, dame agua, tengo mucha sed", repetido con la angustia de quien presiente el final, es una imagen que nos persigue. La imposibilidad de calmar esa sed, de ofrecerle un poco de alivio a su hija, es otro tormento que Sandra Milena Borja deberá cargar por el resto de sus días. La conversación final, ese intercambio de palabras entre madre e hija, "Mamita, me voy a morir", "Claro que no, mi amor", resume la fragilidad de la vida y la esperanza ciega que nos aferra hasta el último instante.

La muerte de Sara Millerey González no es un caso aislado. Es un eslabón más en la larga cadena de violencia contra la comunidad trans en Colombia. Con su fallecimiento, la cifra de crímenes de odio contra personas trans en lo que va del 2025 asciende a, al menos, 30. Una cifra escalofriante que nos obliga a reflexionar sobre la discriminación y la intolerancia que aún persisten en nuestra sociedad. Los 388 hechos violentos registrados por la Defensoría del Pueblo son una prueba irrefutable de la vulnerabilidad de esta población.

Las autoridades han identificado a seis personas presuntamente implicadas en este atroz crimen. La Fiscalía General de la Nación está recopilando pruebas para solicitar las órdenes de captura correspondientes. Es imperativo que se haga justicia, que los responsables de este feminicidio sean castigados con todo el rigor de la ley. No podemos permitir que la muerte de Sara Millerey González quede impune. Su memoria exige justicia, y la sociedad colombiana necesita un mensaje claro: la violencia contra la comunidad trans no será tolerada. Es necesario implementar políticas públicas que garanticen la seguridad y el respeto de los derechos de las personas trans. La educación, la sensibilización y la inclusión son las herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas, sin importar su identidad de género, puedan vivir con dignidad y sin miedo. La vida de Sara Millerey González fue arrebatada brutalmente, pero su recuerdo debe servirnos de inspiración para luchar por un futuro donde la violencia y la discriminación sean cosa del pasado.