La sombra de la incertidumbre se cierne sobre el proceso de elección de jueces y magistrados. Mientras que algunos lo celebran como un paso hacia la democratización del Poder Judicial, otros advierten sobre las grietas en su diseño y las posibles consecuencias para la justicia en México. El debate, lejos de apaciguarse, se intensifica a medida que se acerca la fecha crucial.

Ingrid Tapia, candidata a Ministra de la Suprema Corte, no escatima en críticas. Para ella, el nuevo modelo, lejos de ser transparente, es una "caja negra" que impide el escrutinio público. La falta de información detallada sobre los candidatos, la eliminación del rol tradicional del Presidente y el Senado, y la prohibición de hacer campaña, son solo algunos de los puntos que la preocupan. "Se nos vendió un proceso abierto y democrático, pero en realidad es un laberinto opaco donde la ciudadanía no tiene herramientas para elegir de forma informada", sentencia. Tapia insiste en que la trayectoria académica, aunque importante, no es suficiente para garantizar la idoneidad de un juez. "¿Qué pasa con la ética, la imparcialidad, la capacidad de resistir presiones? Estos aspectos no se evalúan, y son cruciales para la integridad del sistema", argumenta.

La candidata también cuestiona la utilidad de las evaluaciones realizadas por instituciones académicas. Si bien reconoce su valor, considera que son insuficientes para reemplazar la investigación exhaustiva que debería realizar el Estado. "No podemos dejar la responsabilidad de evaluar a quienes impartirán justicia en manos de la sociedad civil. Es el Estado quien debe garantizar la idoneidad de los candidatos", afirma con vehemencia. Para Tapia, el riesgo es enorme: "Estamos hablando de la vida, la libertad, el patrimonio de las personas. ¿Vamos a dejar estas decisiones en manos de la suerte?".

Por otro lado, Jaime Santana, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, ofrece una perspectiva diferente. Reconoce la complejidad e incertidumbre del proceso, pero lo ve como un desafío inevitable en la construcción de un sistema judicial más democrático. “Es un proceso sui generis”, afirma, “y precisamente por eso debemos ser cautelosos y rigurosos en su implementación”. Santana destaca la importancia de la información y la transparencia para generar confianza en la ciudadanía. “La gente necesita saber cómo funciona este nuevo sistema, qué criterios se utilizan para evaluar a los candidatos, y cómo pueden participar en el proceso”, explica.

En cuanto a las críticas sobre la corrupción en el Poder Judicial, Santana las considera exageradas. Basándose en su propia experiencia de 30 años, afirma que la gran mayoría de los jueces actúan con integridad. Sin embargo, reconoce que la percepción pública es diferente, y que es necesario trabajar para mejorar la imagen del Poder Judicial. "La confianza se construye con transparencia y con resultados", asegura. Santana también hace hincapié en la enorme carga laboral que enfrentan los jueces, un factor que a menudo se pasa por alto en el debate público. “No se trata solo de leer expedientes”, explica, “se trata de analizarlos con rigor, comprender las particularidades de cada caso, y tomar decisiones justas y equitativas”.

Sobre el uso de plataformas como "Conóceles", Santana las considera un avance positivo, aunque insuficiente. "Es un primer paso, pero necesitamos ir más allá", argumenta. "Debemos fomentar la participación ciudadana, el debate público, y el escrutinio de los candidatos. Solo así podremos construir un Poder Judicial verdaderamente legítimo y confiable".

El choque de estas dos visiones, la de Tapia y la de Santana, refleja la complejidad del momento que atraviesa el sistema judicial mexicano. La elección de jueces y magistrados se convierte así en un campo de batalla donde se debaten no solo las trayectorias individuales, sino también las ideas sobre la justicia, la transparencia y el futuro del país. El tiempo dirá si este nuevo modelo logra fortalecer la independencia judicial o si, por el contrario, abre la puerta a nuevas incertidumbres. Lo que está claro es que el futuro de la justicia en México está en juego.