La polémica desatada por los narcocorridos ha puesto de manifiesto una profunda contradicción en el discurso oficial. Mientras la presidenta argumenta en contra de la prohibición, apelando a la construcción de una "conciencia colectiva" y a la educación como herramientas para combatir la apología de la violencia, gobiernos estatales y municipales, en una aparente contradicción, implementan medidas que restringen la interpretación de este género musical. Esta discordancia genera confusión y abre un debate crucial sobre la libertad de expresión, la censura y la eficacia de las estrategias gubernamentales para abordar la problemática del narcotráfico y la violencia.

La justificación presidencial, centrada en la formación de una conciencia social que rechace la glorificación del crimen, resulta insuficiente ante la realidad que se vive en las calles. Se propone un enfoque educativo a largo plazo, mientras que las acciones locales se inclinan por la prohibición inmediata, una medida que, si bien busca resultados rápidos, podría ser percibida como un acto de censura y una limitación a la libertad artística. Esta discrepancia no solo evidencia una falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, sino que también plantea interrogantes sobre la verdadera estrategia para combatir la influencia del narcotráfico en la cultura popular.

La alusión al sexenio anterior y la mención de series que retratan la vida de narcotraficantes, aunque pertinente, no exime a la actual administración de la responsabilidad de definir una postura clara y coherente. El llamado a la conciencia colectiva debe ir acompañado de acciones concretas que aborden las causas estructurales de la violencia y la desigualdad, factores que contribuyen a la popularidad de este género musical. No basta con desincentivar la escucha de narcocorridos; es necesario ofrecer alternativas culturales que reflejen las aspiraciones y realidades de la población, especialmente de los jóvenes, y que promuevan valores distintos a los que se exaltan en estas canciones.

La decisión de algunos municipios y estados de prohibir los narcocorridos, aunque justificada por la necesidad de contener la apología del delito, plantea serias dudas sobre su efectividad. La prohibición podría generar un efecto contrario, incrementando el interés por este tipo de música y llevándola a la clandestinidad, dificultando aún más su control y regulación. Además, se corre el riesgo de estigmatizar a un sector de la población que se identifica con este género musical, sin ofrecerles alternativas culturales que les permitan expresar sus vivencias y realidades.

La discusión no se limita a la prohibición o no de los narcocorridos. Se trata de un debate más amplio sobre la cultura, la violencia, la libertad de expresión y la responsabilidad del Estado en la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Es necesario ir más allá de las medidas superficiales y abordar las raíces del problema, generando oportunidades para los jóvenes, fortaleciendo el tejido social y promoviendo una cultura de paz que contrarreste la influencia del narcotráfico. La música, en todas sus expresiones, puede ser un poderoso instrumento para la transformación social, pero su potencial solo se puede aprovechar si se fomenta el diálogo, la reflexión crítica y la participación ciudadana. El simple hecho de prohibir no resuelve el problema de fondo, sino que lo desplaza y, en algunos casos, lo agrava.