La desaparición de más de 100,000 personas en México no es una estadística más. Es una herida abierta en el corazón de nuestro país, una tragedia que se ha normalizado de manera escalofriante. Nos hemos acostumbrado al horror, a la indolencia, a la negación sistemática de una crisis que grita a los cuatro vientos. Nos quieren hacer creer que no pasa nada, que las fosas clandestinas encontradas por las madres buscadoras, con sus propias manos y con un dolor que desgarra el alma, no son lo que parecen: campos de exterminio que evidencian la barbarie que vivimos.

El reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no es un llamado a la reflexión, es un grito desesperado de la comunidad internacional. La activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas confirma lo que muchos ya sabíamos: existe un patrón sistemático de violencia y desaparición en México, una emergencia humanitaria que podría escalar hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)? En lugar de alzar la voz por las víctimas, de respaldar a las madres que arriesgan su vida buscando a sus seres queridos – como lo demuestra el reciente caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco – la CNDH opta por minimizar la crisis, negar la evidencia y hacer oídos sordos al clamor de justicia. Prefiere alinearse con el discurso oficial, repartir culpas a gobiernos pasados, en lugar de cumplir con su mandato fundamental: defender al pueblo. Esta actitud no solo es decepcionante, es una traición a la esencia misma de una institución creada para proteger los derechos humanos, no al poder.

Ante esta indignante realidad, en Acción Nacional no nos quedamos de brazos cruzados. Convocamos a una multitudinaria marcha que culminó frente a las oficinas de la CNDH, donde escuchamos con profundo dolor los testimonios desgarradores de las víctimas. Jessica, una joven universitaria de Jalisco, nos compartió con la voz quebrada el miedo y la vulnerabilidad de ser mujer en México. Fernando, un joven sinaloense, nos relató la angustia de no saber el paradero de su hermano, dejando a un niño pequeño en la orfandad. Estos no son rostros anónimos, son personas reales, son el reflejo de un país que clama justicia, que exige un alto a la impunidad.

Quienes no hemos vivido la pesadilla de la desaparición, tenemos la obligación moral de ponernos en los zapatos de las madres buscadoras. Imaginemos el dolor insoportable de no saber dónde está un hijo, la angustia que consume cada segundo de sus vidas. Estas familias, muchas veces abandonadas por el Estado, sin recursos ni protección, se enfrentan a la adversidad con una fuerza admirable que conmueve e inspira. Desde Acción Nacional, les decimos con firmeza: no están solas. Vamos a impulsar reformas que les garanticen acceso real a las carpetas de investigación, a los reclusorios, a los ministerios públicos y a los servicios forenses. Proponemos la creación de un Fondo y un Programa Nacional para Madres Buscadoras, con recursos suficientes, atención especializada y personal que las acompañe en su búsqueda, que las escuche y las apoye, no que las ignore.

Impulsaremos también la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense, con apoyo internacional, para enfrentar esta emergencia humanitaria. No podemos seguir permitiendo que existan fosas sin nombre, cuerpos sin identificar, mientras el país permanece en silencio. Exigimos que las leyes impulsadas por el Ejecutivo sean discutidas en Parlamento Abierto, integrando las propuestas de la sociedad civil. Este no es momento de colores partidistas ni de cálculos electorales, es momento de humanidad, de reconocer que detrás de cada cifra hay una historia rota, una vida truncada, una familia destrozada por el dolor.

Nuestro compromiso es claro: ni un joven más reclutado por el crimen organizado, ni un joven más desaparecido, ni una familia más condenada a la incertidumbre. México necesita una política de Estado integral para prevenir, buscar y encontrar a las personas desaparecidas. Pero sobre todo, necesita funcionarios públicos que estén del lado de la gente, no del poder.

Si la titular de la CNDH no está dispuesta a defender a las víctimas, si prefiere cerrar los ojos ante la peor tragedia humanitaria de nuestro país, entonces debe renunciar. México necesita una verdadera defensora del pueblo, no una cómplice del silencio.

Hoy, más que nunca, nuestras voces deben ser el eco de quienes buscan. Porque en México, el dolor no puede seguir siendo invisible.