La desaparición de más de cien mil personas en México no puede, no debe normalizarse. Sin embargo, la terrible realidad nos golpea con la crudeza de una verdad ineludible: nos estamos acostumbrando al horror. Un lento y perverso proceso de anestesia colectiva nos ha ido adormeciendo ante la magnitud de la tragedia. Nos dicen que no pasa nada, que no hay crisis, que no hay responsables. Intentan minimizar el espantoso hallazgo de los colectivos de madres buscadoras, esos campos de exterminio descubiertos con la fuerza de la desesperación y la precariedad de sus propios recursos.

El reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no es un simple llamado de atención, es una alarma estridente a nivel internacional. La activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas no se produce por capricho. Se fundamenta en información sólida, rigurosa y profundamente preocupante. Habla de un patrón sistemático, de una emergencia que podría escalar hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un escenario que debería sacudirnos hasta la médula.

Y ante este panorama desolador, ¿cuál es la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Acaso se solidariza con las víctimas? ¿Sale en defensa de quienes, con valentía y tenacidad, buscan a sus hijas, hermanos, padres? La respuesta es un rotundo no. En lugar de alzar la voz, la CNDH opta por minimizar la crisis, negar la evidencia y hacer oídos sordos al clamor de las madres que arriesgan sus vidas en la búsqueda, como la valiente mujer que descubrió el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. La titular de la CNDH, en un acto de incomprensible complicidad, prefiere alinearse con el discurso oficial, replicando sus justificaciones y repartiendo culpas a gobiernos del pasado. Olvida su mandato fundamental: defender al pueblo, no al poder. Su función no es ser la voz del gobierno, sino la voz de los que no tienen voz.

Ante esta indignante situación, en Acción Nacional convocamos a una multitudinaria marcha que culminó frente a las oficinas de la CNDH. Ahí, con el corazón encogido, escuchamos el desgarrador testimonio de Jessica Gómez, una joven universitaria de Jalisco, cuya voz quebrada reflejaba el dolor de una generación: "En México, ser joven y ser mujer duele". También escuchamos a Fernando, un joven de Sinaloa a quien le arrebataron a su hermano, dejando a un niño pequeño en la orfandad. Su voz resonó con la impotencia de una generación a la que le roban el futuro mientras las autoridades permanecen en silencio. Ellos no son la voz de ningún partido, son la voz de un país que clama justicia, son el reflejo de una sociedad herida.

Quienes hemos tenido la fortuna de no vivir esta pesadilla, debemos ponernos en los zapatos de las madres buscadoras. Imaginar el dolor indescriptible de no saber dónde está un hijo, una hija. Comprender la angustia que las consume, la interminable noche que atraviesan, muchas veces solas, abandonadas por el Estado, sin recursos, sin protección. Su fuerza, su perseverancia, conmueve e inspira.

Desde Acción Nacional, lo afirmamos con contundencia: estamos con ellas. No las vamos a dejar solas. Impulsaremos reformas que les garanticen acceso real y directo a las carpetas de investigación, que les permitan entrar a los reclusorios, a los ministerios públicos, a los servicios forenses. Proponemos la creación de un Fondo y un Programa Nacional para Madres Buscadoras, con recursos suficientes, atención especializada y personal que las acompañe, que las escuche, que las apoye en su incansable búsqueda.

Apoyaremos la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense, con apoyo internacional, para enfrentar esta emergencia humanitaria. No podemos permitir que sigan existiendo fosas clandestinas sin nombre, cuerpos sin identificar, mientras el país calla. Es imperativo que las leyes impulsadas por el Ejecutivo sean discutidas en Parlamento Abierto, integrando todas las propuestas que surjan de este diálogo. No es momento de partidismos ni cálculos electorales, es momento de humanidad. De entender que detrás de cada cifra hay una historia rota, un futuro truncado, una familia destrozada por el dolor y la incertidumbre.

Nuestro compromiso es inquebrantable: ni un joven más reclutado por el crimen organizado, ni un joven más desaparecido, ni una familia más condenada a la incertidumbre. México necesita una política de Estado para prevenir, buscar y encontrar. Pero, sobre todo, necesita funcionarios que estén del lado de la gente, no del poder.

Si la titular de la CNDH no defiende a las víctimas, si no está presente cuando se le necesita, si prefiere ignorar la peor tragedia humanitaria del país, entonces debe renunciar. México necesita una verdadera defensora del pueblo, no una cómplice del silencio.

Hoy, más que nunca, nuestras voces deben ser el eco de quienes buscan. Porque en México, el dolor no puede seguir siendo invisible.