La creciente preocupación por el robo de energía eléctrica a través del infame "diablito" ha puesto en alerta a las autoridades mexicanas. Este método, que consiste en una manipulación del medidor para registrar un consumo menor al real, no solo representa un delito, sino que también pone en riesgo la seguridad de quienes lo implementan y la estabilidad del suministro eléctrico para todos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha intensificado sus esfuerzos para combatir esta práctica ilegal, y las cifras son alarmantes. Tan solo en 2024, más de un millón de casos de "diablitos" fueron detectados en todo el país. Esto refleja una problemática profunda que requiere no solo de medidas punitivas, sino también de una mayor concientización sobre las consecuencias de estas acciones.

Las implicaciones legales de utilizar un "diablito" son severas. El Código Penal Federal es claro al respecto: se considera robo y se castiga con penas de tres a diez años de prisión, además de una multa que puede superar los 278 mil pesos. Esta sanción económica, sumada al costo de la reconexión del servicio y el pago del consumo no registrado, representa un golpe considerable al bolsillo de quienes incurren en esta práctica. ¿Vale la pena arriesgar la libertad y la estabilidad económica por un ahorro ilícito?

Más allá de las consecuencias individuales, el uso del "diablito" tiene un impacto negativo en toda la sociedad. El robo de energía afecta la infraestructura eléctrica, generando sobrecargas y posibles interrupciones del servicio para todos los usuarios. Además, la CFE se ve obligada a destinar recursos para la detección y reparación de las conexiones ilegales, recursos que podrían ser utilizados para mejorar la calidad del servicio y ampliar la cobertura a zonas que aún carecen de acceso a la electricidad.

La CFE no solo aplica sanciones legales, sino que también implementa medidas administrativas para quienes son descubiertos utilizando "diablitos". El corte inmediato del suministro eléctrico es una de las primeras acciones, seguido del cobro retroactivo del consumo no registrado. La reconexión del servicio implica un costo adicional, lo que incrementa aún más las consecuencias económicas de esta práctica.

Es importante recordar que existen alternativas legales para quienes tienen dificultades para pagar su recibo de luz. La CFE ofrece planes de pago y descuentos para usuarios vulnerables, y es fundamental acercarse a la institución para buscar soluciones que se ajusten a las necesidades de cada hogar. El diálogo y la transparencia son clave para evitar caer en la tentación del "diablito" y sus devastadoras consecuencias.

En conclusión, el uso del "diablito" es un acto ilegal con graves implicaciones legales, económicas y sociales. Es fundamental tomar conciencia del daño que esta práctica genera, no solo para quienes la realizan, sino para toda la comunidad. Informarse sobre las alternativas legales y buscar soluciones responsables es el camino para garantizar un acceso justo y seguro a la energía eléctrica para todos.