La detención, juicio y lamentable fallecimiento de Miguel N, el presunto feminicida de Iztacalco, ha conmocionado a la Ciudad de México y reabierto el debate sobre la justicia y la seguridad en nuestra capital. Las palabras de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, resonan con la promesa de cero impunidad, un anhelo compartido por todos los ciudadanos. Si bien la captura y enjuiciamiento de este individuo representaba un paso importante en la lucha contra la violencia de género, su muerte en el Reclusorio Oriente plantea interrogantes cruciales que exigen respuestas claras y contundentes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene la ineludible responsabilidad de esclarecer las circunstancias que rodearon la caída de Miguel N. ¿Fue un accidente? ¿Hubo negligencia por parte de las autoridades penitenciarias? ¿Existieron otros factores que contribuyeron a este trágico desenlace? La sociedad demanda transparencia y una investigación exhaustiva que no deje lugar a dudas. Las víctimas y sus familias merecen saber la verdad.

Las palabras de la Jefa de Gobierno, asegurando el acompañamiento a las víctimas, son un bálsamo en medio del dolor. Es fundamental que este apoyo no se limite a la retórica, sino que se traduzca en acciones concretas que les brinden la asistencia psicológica, legal y social que necesitan para reconstruir sus vidas. La violencia de género deja cicatrices profundas, y es deber del Estado proporcionar las herramientas necesarias para la sanación y la reparación del daño.

Más allá de este caso particular, la muerte de Miguel N nos obliga a reflexionar sobre la situación del sistema penitenciario en la Ciudad de México. ¿Se están garantizando los derechos de los reclusos? ¿Se están implementando las medidas necesarias para prevenir incidentes como este? La seguridad al interior de los centros de reclusión es un tema crucial que no podemos ignorar.

El compromiso de la Jefa de Gobierno con la cero impunidad es alentador, pero la realidad nos muestra que aún queda mucho camino por recorrer. La impunidad es una herida abierta en nuestra sociedad, que perpetúa la violencia y la injusticia. Para erradicarla, es necesario fortalecer las instituciones, capacitar al personal de justicia y garantizar que todos los casos de violencia de género sean investigados y sancionados con el rigor que merecen.

La lucha contra la violencia de género requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad y las autoridades. Debemos trabajar en la prevención, la atención a las víctimas y la sanción a los agresores. Solo así podremos construir una ciudad más segura y justa para todas las mujeres. El caso de Miguel N, aunque trágico, debe servirnos como un llamado a la acción. No podemos permitir que la violencia siga arrebatando vidas y destruyendo familias. Es tiempo de unirnos y exigir un cambio real y duradero.