La sombra de la violencia se cierne sobre el proceso electoral en Veracruz. Un escalofriante número, al menos 20, de candidatos a las alcaldías han solicitado protección ante las amenazas recibidas. Esta preocupante cifra, revelada en conferencia de prensa por el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued, junto a la gobernadora Rocío Nahle, pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes aspiran a representar a sus municipios. La mayoría de las solicitudes provienen de aspirantes de Movimiento Ciudadano (MC), con un caso aislado del Partido Acción Nacional (PAN). Lo alarmante es que estas amenazas se producen incluso antes del inicio oficial de las campañas, programado para el 29 de abril. Este hecho subraya la percepción de que las elecciones locales en Veracruz son particularmente propensas a la inseguridad, un fantasma que se repite elección tras elección.

Ahued ha insistido en la importancia de formalizar las denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Solo a través de este procedimiento, argumenta, se puede acceder a la información precisa para evaluar el nivel de riesgo y brindar la protección adecuada. El Secretario de Gobierno ha garantizado que la atención y protección se brindará a todos los candidatos, independientemente de su afiliación política, reafirmado el compromiso del estado con la seguridad de todos los participantes en el proceso democrático.

Sin embargo, la discrepancia en las cifras genera inquietud. Mientras la Segob habla de al menos 20 solicitudes, el Organismo Público Local Electoral (OPLE), a través de su presidenta Marisol Delgadillo Morales, reportó ocho solicitudes de seguridad, todas provenientes de Movimiento Ciudadano, hasta el 9 de abril. Delgadillo Morales, además, minimizó la situación, descartando la existencia de "focos rojos" y enfatizando que la Secretaría de Seguridad Pública está atendiendo puntualmente cada requerimiento. Esta diferencia en las cifras plantea interrogantes sobre la comunicación y coordinación entre las instituciones involucradas en la seguridad del proceso electoral. ¿Se trata de un subregistro por parte del OPLE? ¿Hay solicitudes que no se han canalizado correctamente? ¿Existe una discrepancia en la definición de "solicitud de seguridad"? Estas preguntas demandan respuestas claras y transparentes para garantizar la confianza en el proceso electoral.

La situación actual enciende las alarmas sobre la salud democrática en Veracruz. La inseguridad no solo amenaza la integridad física de los candidatos, sino que también coarta la libertad de participación política y el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes. Es imperativo que las autoridades implementen medidas efectivas para garantizar un proceso electoral pacífico y transparente, donde las ideas y propuestas sean los protagonistas, y no el miedo y la violencia. El futuro de Veracruz depende de ello. La democracia no puede ser rehén de la inseguridad.

La discrepancia en las cifras también abre la puerta a especulaciones sobre la magnitud real del problema. ¿Se están subestimando las amenazas? ¿Existe una reticencia por parte de algunos candidatos a denunciar por temor a represalias? La falta de claridad en este aspecto genera incertidumbre y desconfianza. Es fundamental que las autoridades investiguen a fondo esta discrepancia y ofrezcan a la ciudadanía una explicación convincente. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de un sistema democrático sólido.

Finalmente, es necesario reflexionar sobre las causas profundas de esta violencia electoral. ¿Se trata de un fenómeno aislado o es un síntoma de problemas más arraigados en la sociedad veracruzana? Es indispensable abordar las raíces de la violencia para construir una cultura de paz y respeto a la democracia. El futuro de Veracruz depende de la capacidad de sus ciudadanos y autoridades para trabajar juntos en la construcción de un estado más justo, equitativo y seguro para todos.