La escasez de agua en México no es un problema nuevo, sino una realidad que se agrava con el paso del tiempo. La creciente demanda, impulsada por el crecimiento demográfico y las actividades económicas, se combina con la sobreexplotación de los acuíferos y la variabilidad climática, creando un cóctel explosivo que pone en jaque la disponibilidad de este recurso vital. Las regiones áridas del norte del país, como Chihuahua, son las más afectadas, experimentando sequías prolongadas que impactan severamente en la agricultura y ganadería, pilares fundamentales de la economía local.

El Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos añade una capa adicional de complejidad a este escenario. Si bien es un acuerdo crucial para la gestión compartida de los ríos Bravo y Colorado, su cumplimiento en tiempos de sequía extrema plantea un desafío considerable para México. La presión del gobierno estadounidense para que nuestro país cumpla con las cuotas establecidas, en un contexto de escasez hídrica histórica, genera tensiones y obliga a buscar soluciones creativas que protejan tanto los intereses nacionales como los compromisos internacionales. El recuerdo de los conflictos generados en 2020 por la liberación de agua de la presa La Boquilla sirve como recordatorio de la sensibilidad de este tema y la necesidad de un diálogo franco y constructivo.

Ante esta situación, la inacción no es una opción. Es imperativo implementar estrategias que permitan optimizar el uso del agua y garantizar su acceso a todos los mexicanos. La modernización de la infraestructura hídrica es un paso fundamental. Se requiere invertir en la rehabilitación de canales, la construcción de presas y la implementación de sistemas de riego tecnológicamente avanzados, como el riego por goteo, que permite una mayor eficiencia en el uso del agua en la agricultura. Además, es crucial impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan un manejo más eficiente de este recurso, tanto en el campo como en las ciudades.

La diversificación de las fuentes de abastecimiento también es clave. Proyectos como el Sistema Batán en Querétaro, una iniciativa visionaria que busca captar, almacenar, reutilizar y distribuir agua de forma sostenible, representan un ejemplo a seguir. Este tipo de proyectos, basados en la planificación a largo plazo y la innovación, no solo garantizan el suministro de agua a las comunidades y sectores productivos, sino que también fortalecen la resiliencia hídrica de las regiones, preparándolas para enfrentar los desafíos del cambio climático.

La cooperación binacional con Estados Unidos es otro pilar fundamental para la gestión sostenible del agua. El Tratado de 1944, aunque esencial, no es inamovible. Debe adaptarse a las nuevas realidades climáticas y a las necesidades de ambos países. México debe promover un diálogo abierto con Estados Unidos para explorar mecanismos que permitan una mayor flexibilidad en los años de sequía y garanticen la reciprocidad en el manejo de los recursos hídricos compartidos. La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) juega un papel crucial en este proceso, facilitando la búsqueda de soluciones conjuntas que beneficien a ambas naciones.

Finalmente, es fundamental promover una cultura del agua en la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de utilizar este recurso de forma consciente y responsable, adoptando hábitos que minimicen el desperdicio en el hogar, la escuela y el trabajo. Desde las autoridades, se deben implementar políticas públicas que incentiven el uso eficiente del agua en todos los sectores, promoviendo la adopción de tecnologías de vanguardia y la educación ambiental. Solo a través de un esfuerzo conjunto, que involucre a gobierno, sociedad e instituciones, podremos superar la crisis hídrica y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. El agua es un recurso vital, y su cuidado es responsabilidad de todos.