La tensión se palpaba en el aire. El rugido de los motores de los camiones cañeros resonaba a lo largo de la Avenida Tecnológico, una arteria principal de Tepic, Nayarit. Eran las 7 de la tarde del lunes 14 de abril, y la escena frente a la Fiscalía del Estado era impactante: una muralla de acero bloqueaba por completo la circulación, un grito silencioso pero potente de protesta. Dos semanas antes, la tragedia había golpeado en la carretera de acceso a la ciudad desde Guadalajara. Un ciclista había perdido la vida, arrollado por un camión cañero. El conductor, detenido desde entonces, esperaba en prisión preventiva la resolución de su situación legal. Este accidente, una chispa en la yesca seca de la inconformidad, encendió la mecha de la movilización cañera.

La situación se agravó con el paso de las horas. El bloqueo se extendió, paralizando la entrada y salida de Tepic hacia Guadalajara. Una fila interminable de vehículos, desde tractocamiones hasta automóviles particulares, quedó atrapada en la red vial colapsada. La desesperación crecía entre los conductores varados, sin acceso a alimentos ni bebidas, rehenes involuntarios de una protesta que escalaba a un ritmo vertiginoso. La respuesta de la Fiscalía no se hizo esperar. Al amanecer del martes 15 de abril, se anunciaron medidas drásticas: revocación de concesiones, retiro de placas y licencias de conducir. El fiscal de Nayarit justificó estas acciones argumentando la comisión de delitos en detrimento de carreteras federales. La opinión pública, dividida, observaba con inquietud el enfrentamiento entre manifestantes y autoridades. Mientras algunos apoyaban las reivindicaciones de los cañeros, otros criticaban las formas de protesta y el impacto en la vida cotidiana de la ciudad.

En un intento desesperado por escapar del caos, los propios conductores varados comenzaron a derribar muros de contención, buscando rutas alternativas para evadir el bloqueo. La tensión se cortaba con cuchillo. Finalmente, un rayo de esperanza iluminó el panorama. A la 1:30 pm, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, en una conferencia de prensa urgente, anunció un acuerdo con los manifestantes. Las vialidades serían liberadas de inmediato y se detendrían los procesos de revocación de concesiones y licencias. El aire, cargado de electricidad, comenzaba a disiparse. El fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano, presente en la conferencia, explicó los detalles del proceso legal en curso, destacando la ausencia de representación legal por parte de la familia del ciclista fallecido, lo que dificultaba la entrega de la indemnización. El dinero, depositado en el fondo auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, esperaba a un beneficiario que aún no se había presentado.

El gobernador Navarro Quintero, en un gesto de conciliación, expresó su confianza en la palabra de los manifestantes y su compromiso con el diálogo como herramienta para alcanzar la paz social. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. El conductor del camión cañero seguía detenido, a la espera de la decisión de la jueza, quien evaluaría los hechos y las circunstancias del accidente. La incertidumbre, aunque atenuada, persistía. Para asegurar la tranquilidad y el orden en las carreteras, el gobernador anunció el mantenimiento del operativo de seguridad, una medida crucial para garantizar el libre tránsito hacia los destinos turísticos de la zona norte de Nayarit, recuperando la normalidad en las rutas que conducen al sol y la playa. El episodio del bloqueo cañero, un recordatorio de la fragilidad del equilibrio social, dejaba tras de sí un reguero de interrogantes y la promesa de un futuro donde el diálogo y la justicia fueran los pilares de la convivencia.