La sombra del crimen organizado se extiende sobre Teocaltiche, Jalisco, no solo desplazando familias y extorsionando comerciantes, sino también carcomiendo las entrañas de la propia seguridad pública. El escenario es desolador: policías que renuncian por miedo, un agente asesinado en su hogar, y la Guardia Nacional sosteniendo las riendas de la seguridad ante la incapacidad de las autoridades locales. El Secretario de Seguridad Estatal admite la crisis, reconoce la baja de al menos cinco elementos municipales, algunos por "motivos personales", otros por no superar controles, y muchos, simplemente, por temor. ¿Quién querría ser policía en un lugar donde portar el uniforme equivale a firmar una sentencia de muerte? Teocaltiche se ha convertido en un territorio donde el miedo es la ley, donde la autoridad formal se enfrenta a un poder paralelo que controla no solo territorios, sino también los mercados, imponiendo cuotas a comerciantes que solo buscan ganarse la vida.

La situación es tan crítica que ni Villa Hidalgo ni Teocaltiche pueden recuperar el control de su propia seguridad. Sería, en palabras del Secretario, poner en riesgo a los elementos. El asesinato de Luis Ernesto Chávez, un agente de 31 años sin antecedentes ni vínculos con el crimen organizado, es una muestra brutal de la vulnerabilidad que enfrentan quienes se dedican a proteger a la ciudadanía. Su único delito fue ser policía en un lugar donde el crimen impone las reglas.

Aunque las autoridades afirman haber desmantelado el sistema de cuotas impuestas por el crimen organizado a los comerciantes –cuotas que alcanzaban los dos mil quinientos pesos por local para la venta de productos básicos como cervezas, cigarros y refrescos–, la sensación de inseguridad persiste entre la población. La desconfianza es palpable, la tranquilidad un anhelo lejano. Y mientras tanto, cuatro policías municipales y un conductor siguen desaparecidos, tragados por la tierra en su camino a Guadalajara para presentar sus controles de confianza. La promesa de apoyo del gobierno estatal se desvanece en el aire, sin siquiera una reunión con las familias que viven la angustia de la incertidumbre.

Teocaltiche no es un caso aislado, es el reflejo de un Jalisco rebasado, un estado donde la institucionalidad se tambalea ante el embate del crimen organizado. Policías locales sin respaldo, o peor aún, infiltrados, completan el cuadro de una realidad que exige soluciones urgentes. ¿Hasta cuándo seguirá la impunidad? ¿Hasta cuándo la justicia será una palabra vacía en un territorio donde el miedo es la ley?

El fantasma de la corrupción también recorre Morelos. Seis exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez enfrentan un proceso judicial por el presunto desvío de más de 81 millones de pesos destinados a becas y estímulos laborales. La Fiscalía Anticorrupción señala que el dinero terminó en pagos irregulares a la empresa Serveis Akram S.A. de C.V. por concepto de papelería, sin que existan pruebas de su entrega. Los nombres de Jorge Michel Luna, exsecretario de Hacienda; Armando Sanders de Mendoza y Carlos Riva Palacio Than, ex tesoreros; Jorge de la Rosa Segura, ex subsecretario de Presupuesto; Gerardo Humberto Rodríguez y Salvador Domínguez González, exdirectores de Presupuesto y Gasto Público, resuenan en los pasillos de la justicia, imputados por peculado agravado y ejercicio indebido del servicio público. 229 solicitudes de pago sin control, sin supervisión y sin justificación, son la evidencia de un presunto saqueo sistemático. Y mientras tanto, Graco Ramírez guarda silencio.

Este caso reabre las viejas heridas de la corrupción que marcó su sexenio, una gestión ensombrecida por el manejo opaco de los recursos públicos. Aunque algunos excolaboradores comienzan a rendir cuentas ante la justicia, fuentes de la Fiscalía estatal aseguran que aún faltan peces gordos por capturar. La lucha contra la corrupción es una carrera de fondo, una tarea que exige perseverancia y un compromiso inquebrantable con la justicia.

La Fiscalía Anticorrupción no baja la guardia. Su mira también está puesta en la gestión de Cuauhtémoc Blanco, donde las irregularidades denunciadas por el gobierno de Margarita González Saravia podrían desencadenar nuevas acciones judiciales. El saqueo, al parecer, no comenzó ni terminó con Graco Ramírez. La corrupción es un monstruo de mil cabezas que se alimenta de la impunidad y que amenaza con devorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La batalla continúa.