La sombra de la incertidumbre se cierne sobre el campo mexicano. El tomate, fruto rojo y jugoso que colorea nuestras mesas y representa el sustento de miles de familias, se encuentra en el centro de una tormenta comercial que amenaza con devastar el panorama agrícola nacional. La posible imposición de un arancel del 20.91% al tomate mexicano por parte del gobierno estadounidense, una medida que entraría en vigor el próximo 14 de julio, no solo representa un golpe directo a la economía de nuestros productores, sino que también pone en jaque la estabilidad de una de las cadenas agroindustriales más importantes del país.

Imaginen por un momento el impacto en los rostros curtidos por el sol de Sinaloa, Baja California, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas, estados que han convertido la producción de tomate en su motor económico, generando más de 400 mil empleos. Familias enteras dependen de este cultivo, desde los jornaleros que con sus manos siembran y cosechan la tierra, hasta los ingenieros agrónomos que aplican la tecnología para optimizar la producción. ¿Qué futuro les espera si se cierra la puerta del principal mercado de exportación?

El Acuerdo de Suspensión de 2019, que hasta ahora ha mantenido un equilibrio en el intercambio comercial del tomate fresco entre México y Estados Unidos, pende de un hilo. Su ruptura, como consecuencia de la imposición del arancel, desencadenaría una serie de consecuencias devastadoras. El mercado estadounidense, que absorbe el 98% de nuestras exportaciones de tomate y depende en un 55% del producto mexicano para satisfacer su demanda interna, sufriría un alza considerable en los precios, impactando directamente el bolsillo de los consumidores.

Un estudio de la Universidad de Arizona ha pronosticado un incremento de más del 50% en el precio por contenedor si se aplica el arancel. Esto no solo afectaría a los consumidores, sino también a los distribuidores y cadenas de autoservicio estadounidenses, quienes verían mermadas sus ganancias y se verían obligados a buscar alternativas, posiblemente de menor calidad y a un precio mayor.

La amenaza se cierne sobre México en un momento particularmente vulnerable. Las sequías recurrentes, el incremento en los costos de producción y la alta dependencia del mercado estadounidense configuran un escenario preocupante. La imposición del arancel podría ser el detonante de una crisis sin precedentes, con la pérdida masiva de empleos, la reducción de los ingresos de las familias del campo y la paralización de las inversiones en el sector.

Sinaloa, donde el tomate representa cerca del 20% del valor agroalimentario estatal, sería uno de los estados más afectados. También Zacatecas y Michoacán, con sus sistemas de agricultura protegida que generan empleos permanentes, sentirían el impacto. Baja California, por su cercanía con Estados Unidos y su papel estratégico en la exportación, se vería igualmente perjudicada.

Ante este panorama desolador, el llamado del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios (GCMA) al gobierno mexicano a actuar con firmeza en defensa del sector cobra una importancia capital. Se necesitan medidas diplomáticas, acciones legales dentro del marco del T-MEC y, sobre todo, una estrategia que contemple escenarios de contingencia para proteger a los productores ante posibles cierres del mercado.

Esta situación nos recuerda la urgencia de diversificar nuestros mercados y de invertir en procesos de valor agregado y diferenciación de productos. Debemos abrir nuevas puertas comerciales, explorar otras latitudes y dejar de depender exclusivamente del mercado estadounidense.

El anuncio de estos aranceles es una señal de alarma no solo para el sector agrícola, sino para toda la economía mexicana. Es una llamada a la acción, una oportunidad para replantear nuestras estrategias comerciales y fortalecer nuestra soberanía alimentaria. El futuro del campo mexicano está en juego y es nuestra responsabilidad protegerlo.