La reciente sentencia del Tribunal Electoral ha abierto un debate crucial sobre el equilibrio de poderes y la imparcialidad en los procesos electorales. Al permitir que instancias gubernamentales, más allá del INE, promuevan la participación ciudadana en la elección extraordinaria del Poder Judicial Federal, se corre el riesgo de desdibujar la línea entre el legítimo fomento al voto y la potencial manipulación de la narrativa pública. Si bien la intención de ampliar la difusión de un proceso electoral inédito como este es comprensible, la multiplicidad de voces oficiales con sus propios intereses y perspectivas puede generar confusión y desconfianza en la ciudadanía.

Imaginemos un escenario donde cada poder, desde el Ejecutivo hasta los locales, difunde información sobre la elección judicial con su propio enfoque y tono. ¿Cómo garantizar la objetividad y la imparcialidad del mensaje? ¿Cómo evitar que la ciudadanía se vea bombardeada con propaganda sesgada que favorezca a ciertos candidatos o ideologías? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al otorgar al INE la responsabilidad exclusiva de promover la participación ciudadana, busca precisamente prevenir este tipo de situaciones.

La reducción del tiempo de difusión otorgado al INE, en contraste con la apertura a la participación de otras instancias gubernamentales, parece contradecir el objetivo de una mayor difusión y transparencia. Se crea la impresión de que se busca controlar el mensaje desde el aparato estatal, lo que inevitablemente genera suspicacias y erosiona la confianza en la imparcialidad del proceso. Es crucial recordar que la legitimidad de una elección reside en la percepción de la ciudadanía de que se lleva a cabo de forma justa y equitativa, libre de injerencias indebidas.

En un contexto tan delicado como el actual, donde la confianza en las instituciones es fundamental, es indispensable reforzar la autonomía del INE y garantizar que sea la única voz autorizada para promover la participación ciudadana en la elección judicial. La participación de los poderes de la Unión en el proceso ya ha concluido, y ahora le corresponde al INE, como organismo imparcial y profesional, llevar las riendas de la organización y difusión de la elección, asegurando así la transparencia y la legitimidad del proceso. De esta manera, se protege la integridad del sistema electoral y se fortalece la democracia.

La participación ciudadana informada y responsable es la piedra angular de un sistema democrático sólido. Sin embargo, esta participación debe ser fomentada desde la neutralidad y la objetividad, evitando cualquier tipo de manipulación o sesgo por parte de actores con intereses particulares. La sentencia del Tribunal Electoral, al abrir la puerta a la intervención de múltiples voces oficiales, pone en riesgo este principio fundamental y genera incertidumbre sobre el futuro de los procesos electorales en México. Es momento de reflexionar sobre las implicaciones de esta decisión y buscar mecanismos que garanticen la imparcialidad y la transparencia en futuras elecciones. El futuro de nuestra democracia depende de ello.