La sombra de los desaparecidos se extiende sobre México como una herida abierta que se niega a cicatrizar. El discurso oficial, empeñado en minimizar la tragedia, construye un castillo de naipes sobre un terreno movedizo de cifras manipuladas y silencios cómplices. Se intenta borrar del imaginario colectivo el horror de las fosas clandestinas, el dolor de las familias que buscan incansablemente a sus seres queridos, la impunidad que corroe las bases de la justicia. Pero la verdad, como un río subterráneo, encuentra siempre la forma de emerger.

Más de cien mil familias no se dejan engañar por las cortinas de humo del poder. Con la fuerza de la desesperación, recorren el país con palas y fotografías, enfrentándose a la burocracia indolente, a la corrupción enquistada, a la indiferencia que les congela el alma. Sus voces, aunque ahogadas por el ruido mediático, resuenan con la potencia de un grito desgarrador que exige justicia y verdad. No buscan venganza, buscan respuestas. Buscan a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, arrebatados por la violencia que asola al país.

La negación del problema por parte de figuras políticas no solo es una muestra de cinismo, sino una afrenta a la dignidad de las víctimas y sus familias. Minimizar la tragedia, atribuirla a "particulares" sin rostro ni contexto, es una estrategia perversa para eludir la responsabilidad del Estado en la protección de sus ciudadanos. Los datos, sin embargo, son contundentes. Miles de desapariciones y asesinatos involucran directamente a autoridades estatales o federales. No se trata de casos aislados, sino de un patrón sistemático que revela la profunda crisis institucional que atraviesa el país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otrora baluarte de la defensa de las garantías individuales, se ha convertido en una sombra de lo que fue. Su silencio ante las atrocidades cometidas, su negación de la crisis, su descalificación de las misiones internacionales que buscan arrojar luz sobre la tragedia, la convierten en cómplice de la impunidad. La omisión, en este contexto, es una forma de violencia institucional que agrava el sufrimiento de las víctimas.

La Cancillería y la Secretaría de Gobernación, con su discurso evasivo, contribuyen a perpetuar la espiral de violencia. Insisten en negar la evidencia, en manipular las cifras, en construir una narrativa falsa que pretende ocultar la magnitud del problema. Pero las fosas clandestinas, los cuerpos sin identificar, las familias que siguen buscando, son un testimonio irrefutable de la tragedia que asola a México.

Los casos recientes, como el secuestro y asesinato de jóvenes en Oaxaca, demuestran la implicación directa de las autoridades en la violencia. No se trata de "particulares", sino de agentes del Estado que abusan de su poder y actúan con total impunidad. ¿Cuántos casos más permanecen ocultos bajo el manto de la corrupción y la indiferencia?

La verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la justicia. Ocultarla, tergiversarla, negarla, es perpetuar el ciclo de violencia e impunidad. México necesita un cambio profundo, una transformación que parta del reconocimiento de la tragedia y la asunción de responsabilidades. Las familias de los desaparecidos merecen justicia, merecen verdad, merecen que sus voces sean escuchadas. Y el país entero merece un futuro donde la vida y la dignidad de sus ciudadanos sean respetadas y protegidas. No podemos seguir construyendo un futuro sobre un cimiento de mentiras y fosas clandestinas.