La tragedia de la discoteca Jet Set continúa conmoviendo a la nación dominicana y las repercusiones legales apenas comienzan. La familia de Virgilio Cruz, una de las 231 víctimas, ha dado un paso al frente, exigiendo justicia y señalando directamente a los propietarios del local y a las autoridades estatales. Su acusación de homicidio involuntario, basada en la supuesta omisión de deberes de seguridad y supervisión, abre un complejo debate legal que podría extenderse por años. La pregunta que resuena en la mente de todos es: ¿cómo pudo ocurrir una tragedia de tal magnitud en un establecimiento emblemático como Jet Set?

La imagen del techo colapsado, con toneladas de escombros, aires acondicionados y plantas eléctricas, es desgarradora. El informe preliminar, que apunta a la sobrecarga del techo como posible causa del derrumbe, añade leña al fuego de la indignación. Si se confirman las sospechas de la familia Cruz, de una negligencia en el mantenimiento y la falta de una base antivibratoria para soportar el peso excesivo de los equipos, la responsabilidad de los dueños del local sería ineludible.

Más allá de la responsabilidad individual, la demanda civil que se vislumbra contra el Estado dominicano plantea interrogantes cruciales sobre el rol de las instituciones en la garantía de la seguridad pública. ¿Fallaron los mecanismos de control y supervisión? ¿Se hicieron de la vista gorda ante posibles irregularidades en la discoteca? La comisión especial de expertos nacionales e internacionales, designada por el presidente Abinader, tiene la ardua tarea de esclarecer estos puntos y determinar si hubo fallas sistémicas que contribuyeron a la catástrofe.

El comunicado emitido por la administración de Jet Set, asegurando su colaboración “total y transparente” con las autoridades, no parece suficiente para calmar la ira y el dolor de las familias afectadas. La larga historia del establecimiento, desde su apertura en 1973 por Grecia López, hasta convertirse en un ícono del entretenimiento nocturno en República Dominicana, contrasta dramáticamente con la tragedia que ahora lo envuelve. La promesa del presidente Abinader de que “se hará justicia” ofrece un atisbo de esperanza, pero la verdadera justicia, en este caso, implica no solo el castigo a los responsables, sino también una profunda revisión de las normativas y procedimientos de seguridad para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

El testimonio de Zulinka Pérez, quien presenció el colapso del techo junto a su padre, añade un elemento humano conmovedor a esta tragedia. Su decisión de demandar a la discoteca, motivada por la desesperación y la impotencia ante la pérdida de tantas vidas, refleja el sentimiento generalizado de indignación y la necesidad de respuestas. Sus palabras, cargadas de dolor y reproche, resonarán en los tribunales y en la conciencia colectiva de un país que aún llora a las víctimas de esta tragedia. La puerta de emergencia cerrada, que le impidió escapar con mayor facilidad, se convierte en un símbolo de las presuntas fallas de seguridad que costaron la vida a tantas personas. La búsqueda de justicia para las víctimas de Jet Set apenas comienza, y el camino promete ser largo y complejo.