La sombra del crimen organizado se extiende sobre Teocaltiche, un municipio jalisciense donde la amenaza no solo acecha en las calles, sino que ha permeado las propias entrañas de la seguridad pública. No se trata solo del desplazamiento forzado, de los ranchos usurpados o de las cuotas impuestas al comercio local. El miedo ha corroído la institución policial desde adentro, obligando a los agentes a abandonar sus puestos, no por falta de vocación, sino por la imperiosa necesidad de preservar sus vidas. El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, reconoce la deserción de al menos cinco elementos, escudándose en "motivos personales" o en la no aprobación de controles de confianza. Sin embargo, entre líneas se lee el terror, la impotencia ante una fuerza criminal que ha superado la capacidad de respuesta del estado.

Teocaltiche e incluso el vecino municipio de Villa Hidalgo han cedido el control de la seguridad a la Federación y la Guardia Nacional. Reconocer la incapacidad de proteger a sus propios policías es un duro golpe para la soberanía local, pero ¿qué otra opción queda cuando ser agente equivale a firmar una sentencia de muerte? El reciente asesinato de Luis Ernesto Chávez, un joven policía de 31 años sin aparentes vínculos con el crimen, es un crudo recordatorio del peligro latente. Chávez no era un objetivo específico, era simplemente un policía, un símbolo de la autoridad que el crimen organizado busca aniquilar.

El poder paralelo que opera en los Altos Norte no solo domina territorios, sino que también controla los mercados. Hasta hace poco, la venta de productos básicos como cerveza, cigarros y refrescos estaba sujeta al pago de cuotas que alcanzaban los 2,500 pesos por establecimiento. Aunque las autoridades aseguran que esta práctica ha cesado, el temor persiste entre los comerciantes y habitantes, quienes dudan de la solidez del supuesto control recuperado. Mientras tanto, la incertidumbre se cierne sobre el destino de cuatro policías municipales y un conductor que desaparecieron camino a Guadalajara para presentar sus controles de confianza. La promesa de apoyo gubernamental a las familias se diluye en la inacción, en la ausencia de un diálogo que, al menos, ofrezca un atisbo de esperanza.

Teocaltiche es un microcosmos que refleja la crisis de seguridad que azota a Jalisco. La policía local, desprotegida o infiltrada, se enfrenta a un enemigo que impone sus reglas, mientras la institucionalidad se tambalea al borde del colapso. Este no es un caso aislado, es un síntoma de un mal mayor que exige una respuesta contundente, una estrategia que vaya más allá de los discursos y las promesas incumplidas.

El fantasma de la corrupción ronda nuevamente Morelos. Seis exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez enfrentan un proceso judicial por el presunto desvío de más de 81 millones de pesos destinados a becas y estímulos laborales. La Fiscalía Anticorrupción señala que el dinero se canalizó a pagos irregulares a la empresa Serveis Akram S.A. de C.V. por concepto de papelería, sin que exista evidencia de la entrega de los bienes. Entre los imputados se encuentran figuras clave de la administración de Graco, como el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y dos ex tesoreros, Armando Sanders de Mendoza y Carlos Riva Palacio Than. La acusación de peculado agravado y ejercicio indebido del servicio público se sustenta en 229 solicitudes de pago sin el debido control ni justificación. El silencio de Graco Ramírez ante estas graves acusaciones resulta ensordecedor.

Este caso reabre las viejas heridas de un sexenio marcado por la opacidad y las sospechas de corrupción sistemática. Aunque la justicia comienza a actuar contra algunos excolaboradores, fuentes dentro de la Fiscalía Anticorrupción sugieren que aún faltan peces gordos por capturar. La investigación no se limita a la era Graco. La Fiscalía Anticorrupción mantiene la mira puesta en la gestión de Cuauhtémoc Blanco, donde las irregularidades denunciadas por el gobierno de Margarita González Saravia podrían desencadenar nuevas acciones judiciales. El saqueo, al parecer, es una enfermedad crónica que no distingue colores partidistas ni periodos gubernamentales. La lucha contra la corrupción debe ser una constante, una tarea incesante que no se detenga ante las presiones políticas ni los intentos de encubrimiento.