La nostalgia a veces nos viste con lentes color sepia, idealizando el pasado y olvidando las complejidades que también lo habitaban. El recuerdo del profesor que nos inspiró, la materia que nos apasionó, el aula donde descubrimos nuestra vocación, todo se tiñe de una luz cálida y reconfortante. Es natural, es humano. Pero también es crucial confrontar esos recuerdos con la realidad presente, analizar con ojo crítico la evolución de las personas y las instituciones, y no permitir que la decepción nuble nuestra capacidad de juicio.

El caso de la ministra Loretta Ortiz Ahlf plantea precisamente esta disyuntiva. La evocación de sus clases, de su rigor académico, de su compromiso con el Derecho Internacional Público contrasta agudamente con su actual desempeño en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo es posible que aquella maestra que nos inculcó la importancia de los tratados internacionales, de la supremacía de la ley, ahora parezca más preocupada por la popularidad que por la justicia? ¿Cómo es posible que quien defendía los derechos humanos ahora tolere prácticas que los vulneran, como la prisión preventiva oficiosa?

La transformación de la ministra Ortiz Ahlf no es un caso aislado. Refleja una tendencia preocupante en la vida pública de nuestro país: la politización de las instituciones, la erosión de los principios, el auge del discurso populista por encima del debate razonado y fundamentado. La búsqueda del aplauso fácil, de la aprobación popular inmediata, parece haber desplazado la búsqueda de la justicia, de la verdad, del bien común.

La figura del juez, del magistrado, del ministro, debe estar por encima de las coyunturas políticas. Su deber es interpretar y aplicar la ley con imparcialidad, con independencia, sin ceder a las presiones del poder, de la opinión pública, o de sus propias ambiciones personales. Cuando un ministro se convierte en "ministro del pueblo", cuando prioriza la retórica populista sobre el análisis jurídico riguroso, se traiciona la esencia misma del Estado de Derecho.

La añoranza por figuras como Ignacio Luis Vallarta, Ulises Schmill Ordóñez y Mariano Azuela Güitrón, juristas de renombre que honraron la Suprema Corte con su sabiduría y su integridad, no es un simple ejercicio de nostalgia. Es un llamado a recuperar los valores que ellos encarnaban: la independencia judicial, el respeto a la ley, la defensa de los derechos fundamentales. Es un llamado a exigir que quienes ocupan los más altos cargos de la judicatura estén a la altura de la responsabilidad que se les ha conferido.

La trayectoria de la ministra Ortiz Ahlf, desde la brillante académica hasta la controvertida figura pública, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las instituciones, sobre la importancia de la formación ética, sobre el peligro de sucumbir a las tentaciones del poder. Nos invita, sobre todo, a no renunciar a la esperanza de una justicia independiente, imparcial y comprometida con la verdad. Una justicia que no se deje seducir por las "chuladas" ni por los discursos vacíos, sino que se guíe por los principios inmutables del Derecho y la razón.