La sombra del fuego ha acechado históricamente los bosques mexiquenses, dejando tras de sí un paisaje desolado y un eco de pérdidas irreparables. Sin embargo, un cambio de paradigma se está gestando en el Estado de México, donde la protección de los recursos naturales se ha convertido en una prioridad inquebrantable. La firmeza del gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez se refleja en la contundente advertencia: hasta 10 años de cárcel para quienes osen provocar un incendio forestal. Esta medida, lejos de ser una simple amenaza, es un testimonio del compromiso con la preservación del patrimonio natural y la seguridad de las familias mexiquenses. Las cifras hablan por sí solas: doce detenciones entre marzo de 2024 y enero de 2025, en municipios que van desde la densidad urbana de Tlalnepantla y Naucalpan hasta la serenidad natural de Valle de Bravo y Temascalcingo, demuestran que la justicia no se detendrá ante quienes atenten contra nuestros bosques.

Pero más allá de la sanción, la estrategia del gobierno mexiquense se centra en la prevención. "Prevenir es mejor que combatir", reza la consigna que ha permeado en las comunidades y ha dado frutos tangibles. La reducción del 45% en la incidencia de incendios forestales no es producto de la casualidad, sino del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía. Probosque, la Protectora de Bosques del Estado de México, se erige como un baluarte en esta lucha, vigilando, informando y actuando con prontitud ante cualquier amenaza. Los datos son alentadores: una disminución del 36% en el número de incendios entre enero y abril de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior, confirma la efectividad de las acciones implementadas.

Aún más impactante es la reducción del 68.2% en la superficie afectada. De las 18,182 hectáreas devastadas por el fuego en 2024, se ha pasado a 5,939 hectáreas en 2025. Esta cifra representa no solo una victoria en la batalla contra el fuego, sino también una esperanza para la recuperación de la flora y fauna, y la revitalización de los ecosistemas que son el pulmón del Estado de México. La disminución en la superficie afectada se traduce en un respiro para la biodiversidad, en la conservación de los servicios ambientales que nos brindan los bosques, y en la protección de las comunidades que dependen de ellos.

Sin embargo, la lucha no termina aquí. La participación ciudadana es crucial para mantener esta tendencia a la baja. El llamado a la denuncia es constante y se extiende a través de múltiples canales: la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), el Teléfono de Emergencias 911, el Teléfono Rojo de Probosque, e incluso la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) están disponibles para recibir cualquier reporte de actividad sospechosa o incendio forestal. Cada llamada, cada denuncia, es una pieza fundamental en la construcción de un escudo protector para nuestros bosques. El futuro de nuestros recursos naturales está en manos de todos, y la responsabilidad compartida es la clave para asegurar un futuro verde y sostenible para las generaciones venideras. El compromiso del gobierno mexiquense es claro, pero la verdadera fuerza reside en la unión de esfuerzos entre autoridades y sociedad.