La sombra de una nueva guerra comercial se cierne sobre la ya tensa relación entre México y Estados Unidos. El agua, recurso vital y cada vez más escaso, se convierte en el nuevo campo de batalla. La administración Trump, con el apoyo de algunos legisladores republicanos, amenaza con imponer aranceles a México si no se garantiza el suministro de agua del Río Bravo a Texas, según lo estipulado en el Tratado de Aguas de 1944. Este acuerdo, firmado hace ocho décadas, obliga a México a entregar un volumen específico de agua a Estados Unidos, pero la actual coyuntura de sequías, presiones políticas internas y un contexto global de proteccionismo comercial, lo convierte en un polvorín.

No se trata simplemente de una disputa hídrica, sino de la peligrosa instrumentalización del comercio como arma política. La amenaza de aranceles se suma a una larga lista de medidas proteccionistas implementadas por la administración Trump contra México, que incluyen gravámenes al acero, aluminio, automóviles y cerveza. Estas acciones, aunque en algunos casos México ha optado por no tomar represalias directas, generan incertidumbre y volatilidad en los mercados. En un contexto de interdependencia económica tan profunda como la que existe entre ambos países, el impacto de una nueva escalada arancelaria sería devastador.

Imaginemos el escenario: cadenas de suministro interrumpidas, aumento de precios en productos esenciales y una profunda erosión de la confianza en la estabilidad jurídica. Sectores clave como la industria automotriz, altamente integrada entre ambos países, sufrirían un golpe particularmente duro. Las consecuencias se extenderían a lo largo de la frontera, afectando a comunidades enteras que dependen del comercio bilateral. Pequeñas y medianas empresas, ya de por sí vulnerables, verían amenazada su supervivencia. El fantasma de la inflación acecharía a las familias, mermando su poder adquisitivo.

Y todo esto en un momento especialmente delicado, a las puertas de la revisión del T-MEC en 2026. Este proceso, ya de por sí complejo, se vería aún más enturbiado por la disputa del agua. A los temas ya sensibles, como las reglas de origen, la energía y las prácticas comerciales, se sumaría este nuevo foco de conflicto, complicando aún más la posibilidad de alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas partes.

La situación exige prudencia y diálogo. Los tratados bilaterales, como el de 1944, se firman precisamente para trascender las coyunturas políticas y garantizar la estabilidad en las relaciones a largo plazo. Utilizar el agua como moneda de cambio en una guerra comercial sentaría un precedente peligroso. En un mundo marcado por el cambio climático, la creciente escasez de recursos y la interdependencia económica, la cooperación y el respeto a los acuerdos internacionales son más necesarios que nunca. Convertir el agua en un arma arrojadiza solo nos conduciría a un escenario de pérdidas para todos. Es hora de apostar por la diplomacia, la negociación y la búsqueda de soluciones conjuntas que garanticen el acceso a este recurso vital sin poner en riesgo la estabilidad económica y la convivencia pacífica entre naciones.