La inesperada muerte de Miguel “N”, alias “el feminicida de Iztacalco”, ha generado una ola de interrogantes y conmoción en la Ciudad de México. El domingo pasado, el Sistema Penitenciario capitalino confirmó el deceso del presunto feminicida tras una caída en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Las autoridades, en un comunicado escueto, informaron que el personal de Custodia Penitenciaria reportó la caída y posterior contusión de Miguel “N”, lo que desencadenó su traslado al servicio médico del propio reclusorio. Sin embargo, la gravedad de su estado requirió un traslado inmediato al Hospital General de Iztapalapa, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

La noticia ha abierto un abanico de especulaciones y exige una investigación exhaustiva y transparente. Si bien las autoridades penitenciarias han iniciado las indagatorias correspondientes, así como una investigación interna para esclarecer las circunstancias de la caída, la sociedad demanda respuestas claras y contundentes. ¿Se trató de un accidente? ¿Hubo negligencia por parte del personal penitenciario? ¿Existieron factores externos que contribuyeron a este trágico desenlace? Estas son solo algunas de las preguntas que flotan en el aire y que exigen una pronta respuesta por parte de las autoridades.

El hecho de que Miguel “N” estuviera bajo vigilancia con custodio de vista, y además recibiera tratamiento con medicamento controlado, añade otra capa de complejidad al caso. Según la información oficial, el Servicio Médico del reclusorio, adscrito a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, supervisaba su medicación. Esto nos lleva a preguntarnos sobre el estado de salud de Miguel “N” previo a la caída. ¿Pudo su medicación haber influido en el incidente? ¿Se le brindó la atención médica adecuada en el momento oportuno? La transparencia en la información sobre su historial médico y el tratamiento que recibía será crucial para comprender las circunstancias que rodearon su muerte.

La muerte de Miguel “N”, más allá del morbo que pueda generar, nos obliga a reflexionar sobre las condiciones de los centros penitenciarios en nuestro país. ¿Garantizan estos espacios la seguridad e integridad de las personas privadas de su libertad? ¿Se respetan sus derechos humanos? ¿Se les brinda la atención médica y psicológica necesaria? El caso de Miguel “N” debe servir como un llamado de atención para revisar los protocolos de seguridad y atención médica dentro de las prisiones, y para asegurar que se cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En los próximos días, la sociedad estará expectante a los resultados de las investigaciones. Se espera que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleve a cabo una indagatoria exhaustiva e imparcial, que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de Miguel “N” y deslindar responsabilidades. La transparencia en este proceso será fundamental para garantizar la justicia y la confianza en las instituciones. Mientras tanto, la incertidumbre y las especulaciones continuarán alimentando el debate público.