La decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral sin duda agita las aguas del actual proceso electoral. Más allá de la polémica generada, la sentencia nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza única de este proceso de selección de personas juzgadoras. No se trata de una contienda partidista tradicional, con sus colores, sus estrategias y sus discursos polarizantes. Estamos eligiendo a quienes impartirán justicia, y eso exige un enfoque distinto, una mirada más profunda, ajena a los vaivenes de la política coyuntural.

El argumento central de la Sala, que busca desmonopolizar la promoción del voto y abrir la participación a diversos actores institucionales, plantea interrogantes cruciales. ¿Cómo garantizar la imparcialidad en un escenario donde las líneas entre lo informativo y lo propagandístico se difuminan con facilidad? La sentencia intenta establecer límites, circunscribir la participación a los cauces institucionales y prohibir cualquier influencia en la decisión del electorado. Sin embargo, la realidad suele desbordar los marcos teóricos. La interpretación de la ley, en la práctica, se convierte en un campo minado donde los sesgos y las intencionalidades pueden desdibujar la frontera entre la promoción legítima del voto y la injerencia indebida.

La premura con la que se gestó la reforma constitucional y legal, legislando “al vapor” como se dice coloquialmente, nos ha dejado un legado de incertidumbre. Estamos construyendo el camino mientras lo transitamos, interpretando las reglas del juego en plena partida. Esta situación genera vulnerabilidad y abre espacios para la controversia, la ambigüedad y, en el peor de los casos, la manipulación.

El permitir que cualquier servidor público promueva el voto, escudándose en la libertad de expresión, es un aspecto particularmente delicado. Si bien la participación ciudadana es esencial para la salud democrática, la intervención de funcionarios con afinidades políticas podría contaminar el proceso, introduciendo elementos de parcialidad y desconfianza. La línea que separa la incitación al voto del direccionamiento del mismo es sumamente tenue, y la posibilidad de que se utilice la maquinaria institucional para fines partidistas es un riesgo latente.

El INE y el TEPJF se enfrentan a un desafío mayúsculo: velar por la limpieza y transparencia de un proceso electoral atípico, marcado por la incertidumbre jurídica y la posibilidad de interpretaciones controvertidas. La sentencia de la Sala Superior, si bien busca fomentar la participación ciudadana, también abre la puerta a potenciales abusos y conflictos. Será fundamental que las autoridades electorales actúen con prudencia, firmeza y un compromiso inquebrantable con la imparcialidad para garantizar la legitimidad de este inédito proceso electoral. El camino hacia el 2027 estará pavimentado con las lecciones que aprendamos de esta experiencia, y la forma en que enfrentemos los retos actuales determinará el futuro de nuestra democracia.